El grupo de IU en las Cortes de Aragón ha denunciado hoy que más de quince mil inmigrantes en situación no regular en la comunidad perderán la tarjeta sanitaria debido a los ajustes acordados por el gobierno central, y ha advertido del posible colapso de los servicios de urgencia médicos.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa la diputada de esta formación en el parlamento aragonés Patricia Luquin, quien ha informado de la decisión de su grupo de solicitar la comparecencia del consejero de Sanidad del ejecutivo autonómico, Ricardo Oliván, para que informe del impacto de los ajustes en la comunidad.

Luquin ha destacado que la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular vulnera no sólo la Constitución española, sino la Ley de Salud Pública y el Estatuto de Autonomía, normas que, según ha afirmado, garantizan los principios de "universalidad, igualdad y calidad" en la atención médica.

La coalición de izquierdas pretende que en su comparecencia parlamentaria, el consejero informe de la aplicación en Aragón de la medida y de las previsiones de su departamento para garantizar el cumplimiento de los preceptos legales referidos.

Tras asegurar que el Estatuto es "muy clarito" en cuanto al derecho de las personas a una atención sanitaria "igual y de calidad", la diputada ha anunciado que su grupo no sólo exigirá al consejero el cumplimiento de las normas legales sino que adoptará las "medidas necesarias" para garantizar una asistencia universalizada en la comunidad.

Ha explicado que a nivel nacional, el grupo de Izquierda Plural en el Congreso ha presentado un escrito a la institución del Defensor del Pueblo para que presente un recurso contra el real decreto del gobierno de medidas de ajuste para el mantenimiento del sistema sanitaria.

Lucha contra el Sida

Luquin ha informado, por otra parte, que su grupo ha solicitado también la comparecencia del director general de Salud Pública autonómico para que informe del impacto de los recortes en las subvenciones a las organizaciones no gubernamentales especializadas en la lucha contra el sida.

Según la parlamentaria, los recortes acordados, en torno al 50 por ciento de lo que percibían, hacen "inviable" la posibilidad de que estas organizaciones continúen con su labor de prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de la enfermedad.

Ha advertido que algunos pacientes aquejados de esta enfermedad podrían verse afectados, asimismo, por la retirada de la tarjeta sanitaria, algo que, a su juicio, generaría un "grave problema" de salud pública.