En Aragón en tan solo nueve meses se triplicaron el número de dispositivos de pulsera GPS en 2016, entre los meses de febrero –cuando había 11 en activo- y noviembre –cuando ascendieron a 28-, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Precisamente estas cifras coinciden con el que ha sido uno de los años más negros en cuanto a estadísticas de violencia machista en nuestra Comunidad Autónoma, con un 2016 que se saldaba con la vida de tres mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en tan solo seis meses.

En febrero de 2016, Soraya G. S., (37 años), era asesinada de un disparo en el bar en el que trabajaba como camarera en Miralbueno; tenía orden de alejamiento de su agresor. Tres meses después, Rosario R. A., (72), fallecía tras ser golpeada con una maza por su marido en su vivienda de Santa Isabel. El mes de julio, Alexandra S., (28), moría apuñalada a manos de su ex pareja a la salida del punto de encuentro de la calle Conde Aranda delante de su hijo de 5 años.

Estas tres muertes convirtieron el pasado año en el peor en cuanto a violencia de género Aragón se refiere, siendo la mayor cifra de asesinatos en la última década, a excepción del año 2005 cuando hubo 4.

Además, es estos sucesos había que añadir que tan solo unos meses antes, en diciembre de 2015, Coral G. C., (44), era asesinada por su marido en el domicilio familiar después de haber iniciado los trámites de divorcio. Esto suponía un total de cuatro muertes en menos de ocho meses, tras un periodo –de abril de 2013 a noviembre de 2015- de relativa tranquilidad y en los que no hubo más asesinatos.

“Tras ocurrir un asesinato surge la misma pregunta: ¿qué ha fallado? Sin embargo, siempre se hace cuando es demasiado tarde. La clave es adelantarse a estos sucesos apoyándonos en la formación y educando en igualdad”, explica Antonio Muñoz, abogado especialista en violencia de género, y representante de Aragón en la Subcomisión de Violencia contra la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española. “Los datos son preocupantes ya que hemos detectado un repunte de la violencia de control entre los jóvenes que confunden comportamientos violentos con amor”, asevera.

En medio de esta situación, aparecen una serie de medidas judiciales para evitar que se comentan nuevos asesinatos, uno de ellos son las pulseras GPS. En julio de 2009 el Gobierno de España anunciaba la adquisición de 3.000 dispositivos para controlar los movimientos de los maltratadores más peligrosos. “El objetivo no es tanto evitar como disuadir al agresor ante la idea de acercarse a la víctima en casos de personas con medidas cautelares de orden de alejamiento”, añade Muñoz.

Desde la Administración se han promovido cursos y actividades para concienciar sobre el uso de estos dispositivos, ya que “son los jueces quienes han de autorizar su uso, y los abogados y fiscales podemos solicitarlo”, aclara el letrado.

Sin embargo, todavía hay quienes opinan que portar estos dispositivos “supone una carga para la víctima ya que debe de llevar un aparato similar a un móvil que detecta la aproximación del agresor”, afirma Muñoz. El dispositivo consiste en una tobillera que lleva la persona que tiene que estar alejada, además de un aparato móvil que tiene que estar a 9 metros de distancia. “Cuando este se acerca a menos de 500 metros o intenta manipular el dispositivo, el sistema envía una alarma a un Centro Cometa operado por vigilantes privados que avisan a las autoridades pertinentes”, resume.

Además este sistema requiere de cierta colaboración de ambas partes, ya que ha de cargarse la batería y llevarse encima en todo momento. En el momento que el agresor incumple la orden de alejamiento, salta una alarma y se le avisa mediante un mensaje de voz. También la víctima tiene a su disposición un ‘Botón de pánico’, “que serviría para dar la voz de alarma en caso de creer que se encuentra en peligro”.

Una victimización secundaria

Entre los propios juristas existen dudas de su eficacia, y advierten de que cuando se da un falso positivo o se produce un acercamiento accidental, esto se traduce en un estado de ansiedad en la víctima, “no encontramos ante un caso de victimización secundaria”, explica el letrado.

Por su parte, desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza aseguran que el tema de las medidas siempre han ocupado “un lugar central” en el debate de la lucha contra la violencia machista. “Si bien es cierto que puede que no sean las más eficaces, apostamos porque haya medidas, aunque creemos que deberían de ser los maltratadores quienes las sufrieran, no las víctimas”, aseveran.

Por eso aseguran que debería de revisarse el grado de efectividad en cada uno de los casos y buscar, tal vez, otras fórmulas más eficaces. “Lo que está claro es que es mejor tener una medida que no tener nada”, concluyen.