A lo largo del año pasado los órganos judiciales de la comunidad autónoma de Aragón necesitaron recurrir a los servicios de intérpretes y traductores en 1.316 ocasiones para lograr entender las declaraciones de acusados, imputados, penados y testigos inmersos en procedimientos judiciales.

El número de extranjeros empadronados en Aragón rondaba las 140.183 personas a finales de 2015, siendo la comunidad rumana la más numerosa, ya que representa el 36,4% del total de los extranjeros afincados en Aragón. Esta proporción de población rumana se refleja también en las causas judiciales y de entre todos los procedimientos en los que se hizo necesario recurrir a traductores, el 39,9% fueron para traducir el idioma rumano. En 2015, por tanto, los juzgados aragoneses solicitaron intérpretes de rumano en 526 ocasiones.

El segundo colectivo que más veces hizo necesario recurrir a los servicios de intérpretes y traductores en los juzgados se corresponde con la comunidad árabe-parlante. Hasta en 259 ocasiones hubo que llamar a un intérprete de árabe para comunicarse con los acusados, imputados, penados o testigos inmersos en procedimientos de distintos ámbitos jurisdiccionales. En otras 14 hubo que contar con intérpretes específicos de maghrebi (árabe oral marroquí) y en otras ocho del dialecto del árabe generalizado en Argelia. En estas cifras se incluyen también las traducciones escritas y las trascripciones de materiales de audio que resultan relevantes para las investigaciones.

En busca de empresa de traducción

El Gobierno de Aragón ha sacado este mes a licitación la contratación del servicio de traducción e interpretación en los órganos judiciales aragoneses. El Ejecutivo busca una empresa capaz de proveer a la Comunidad de intérpretes de cualquier lengua, incluidos dialectos de países remotos, con márgenes de tiempo que a veces no superan las dos horas.

La última vez que salió este servicio a licitación fue en 2012, cuando se dieron a conocer los datos de las traducciones e interpretaciones requeridas por los órganos judiciales en 2011. Si comparamos los datos de ese año con los de 2015, que se han dado ahora a conocer, la necesidad de traductores e intérpretes en los juzgados se ha reducido un 45% en los últimos cuatro años (2.386 veces en 2011 frente a las 1.316 de 2015). Un factor relacionado, quizás, con que el número de extranjeros empadronados ha caído algo más de un 18% en ese periodo.

Bambara, fang o tamil

El rumano y el árabe entran dentro de la normalidad comparado con otros dialectos y lenguas para los que precisaron intérpretes el año pasado los juzgados aragoneses. La empresa que gestionaba hasta ahora este servicio (Atlas Servicios Empresariales, S.A.) tuvo que ingeniárselas para proporcionar a los órganos judiciales intérpretes de lenguas tan diversas como el bambara (en cinco ocasiones), el fang (una vez), mandinga (siete veces), panyabi (dos), pulaar (una ocasión), sarahule (10), tamil (1), twi (cinco) o wolof (19 veces); entre otras lenguas más conocidas como el urdu (22), el polaco (34), el chino (144) el inglés (91) o el búlgaro (36).

Muchas de las las rarezas idiomáticas que figuran entre los servicios prestados en 2015 se corresponden con lenguas y dialectos utilizados únicamente por etnias concretas presentes en zonas específicas de uno o varios países, como por ejemplo el sarahule, propio de la etnia Soninka y hablado por un millón y medio de personas entre Mali, Gambia y Senegal o el fang, utilizado solo por los pueblos de la etnia del mismo nombre que habitan entre Guinea Ecuatorial, Gabón y Camerún. El panyabi, sin embargo, es utilizado por unos 100 millones de personas entre la India y Pakistán y al mismo tiempo el tamil lo hablan otros 70 millones de personas de la India y Sri Lanka

La traducción e interpretación en los órganos judiciales se adjudicará por un presupuesto máximo de 363.000 euros (IVA incluido) por 24 meses de servicio, aunque el contrato es prorrogable a otros dos años. La empresa que resulte adjudicataria deberá proveer de traductores cuando así lo requieran las diligencias de investigación previas a los procedimientos judiciales y también durante los propios juicios. Los pliegos no especifican cuántos intérpretes ni de qué lenguas debe tener en cartera la empresa coordinadora, aunque sí le insta a tener "la dotación suficiente de profesionales" y a garantizar su cualificación. Eso sí, no exige que éstos cuenten con una titulación específica por lo que en los casos de idiomas menos habituales ejercen como traductores colaboradores de los distintos consulados o compatriotas integrados desde hace años en la sociedad española.