El deterioro de la Ley de Dependencia, tan denunciado por perceptores y afectados, también ha llevado a las autonomías a tener que hacerse cargo de una mayor parte de los gastos que acarrean sus distintos servicios. Según el último informe del Observatorio de la Dependencia, la contribución del Estado sobre el total del gasto ha pasado de ser de más de un 30% en 2010 a algo menos de un 19% durante el pasado año. Un déficit que ha sido respaldado por una mayor aportación de la Comunidades Autónomas -que han pasado de sufragar el 52% de los costes a más de 62- y el copago establecido a raíz de la reforma de esta norma en 2012.

Para Aragón, esta tendencia se ha traducido en una diferencia en la aportación estatal que asciende entre los 20 y los 30 millones de euros en función del ejercicio. Así se constata en el último desglose de financiación publicado por el Ministerio de Sanidad, donde se refleja que el Estado pasó de aportar más de 46 millones de euros en 2011 a apenas 25 millones y medio de euros en 2013. Cinco menos de lo que presupuestó el Gobierno de Aragón que iba a recibir aquel año vía fondos estatales.

Para este 2015, en la presentación de los presupuestos de Aragón el consejero aragonés Ricardo Oliván señaló que la partida destinada a dependencia ascendería a 151 millones de euros, dos más que el ejercicio pasado. Unas cifras que según explicó se mantienen “en cuantías similares” a las que se presupuestaron en 2010, aunque con el condicionante de que entonces llegaban desde el Gobierno central 73 millones de euros -el año en que más dinero se recibió- por los 40 que espera recibir este año el Ejecutivo aragonés desde Madrid, según marca la previsión de ingresos de la DGA.

El motivo de este descenso, que afecta especialmente a Aragón por encima de otras autonomías, es la suspensión del llamado nivel acordado de protección. Una bolsa de dinero extra pactada entre la Administración General y las CC.AA. pero que está condicionada a la existencia de crédito en los Presupuestos Generales del Estado. Hasta 2011, último año en el que se liberó esta partida, las autonomías venían recibiendo 283 millones de euros más al año para implementar sus ayudas a la dependencia, de los que más de 11 iban a parar a Aragón, que salía bien parado de este reparto en proporción al tenerse en cuenta factores como la población potencialmente dependiente, la extensión geográfica o la dispersión de los servicios.

Así, el informe del Observatorio concluye que si bien el Gobierno tuvo que hacer frente a una importante deuda -se estima que la deuda que dejó el Gobierno socialista a la Seguridad Social en materia de dependencia fue de 1.034 millones de euros-, el actual sistema de financiación ha derivado en diferencias notables entre las distintas autonomías. Sin ir más lejos, mientras Aragón sufragó en 2014 un 19% de sus gastos en dependencia gracias a la aportación del Estado, en comunidades como Canarias esta partida dio para pagar un 22% de todos los servicios, mientras que en Murcia alcanzó para pagar hasta el 30%.

3.000 nuevos dependientes de grado I entrarán al sistema en verano

La previsión que hacen las autonomías sobre el dinero que podrán recibir del Estado viene además condicionada por tres factores: el número de personas beneficiarias, el grado de dependencia, y el número y tipo de prestaciones reconocidas. De este modo, la Administración General del Estado va pagando cada mes en función de los beneficiarios. Un complejo cálculo del que ya salió trastabillado el Ejecutivo aragonés en 2013 (se partió de unos ingresos de 30 millones que al final fueron 25) y que para este 2015 se ha fijado en 40 millones transferidos, diez menos que los presupuestados el año pasado a pesar del previsible aumento de perceptores que llegará a lo largo del verano, cuando engrosen la listas de la dependencia aragonesa al menos 3.000 nuevos dependientes de grado I cuya incorporación al sistema fue pospuesta en 2012 debido a las medidas de contención del gasto.

Según los últimos datos oficiales, en Aragón hay, contando a estas 3.000 personas de grado I, otros 4.500 dependientes que a pesar de tener reconocida su prestación aún no la están cobrando. Un problema que según denuncian también los agentes sociales no solo llega por el retraso en la prestación, sino también por el cambio en las políticas de ayudas que ha desarrollado el Gobierno de Aragón en los últimos años, apostando por la prestación de servicios externos, “que muchas veces llegan tarde al no poder atenderse”, en sustitución de las prestaciones y los servicios en el entorno familiar.

No en vano, Aragón lleva dos años suspendiendo en la aplicación de la Ley a ojos del Observatorio de la Dependencia, informe elaborado por la asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

“Al sistema de dependencia se le está dejando morir de inanición”, señala Consuelo Pardo, vocal del Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón, quien denuncia que a la salida de dependientes del cómputo global -hoy hay 24.863 personas con la prestación reconocida, 4.000 menos que en 2013- se suman cada vez más denuncias de “revisiones del grado de dependencia que conllevan pérdida de la cuantía de la prestación”, un problema que se añade la rebaja del 13% que ya se impuso con la reforma de la Ley en 2012.

A ello además se añaden los últimos condicionantes impulsados por el Gobierno de Aragón, que desde hace unos meses tiene en cuenta el patrimonio de los dependientes para calcular el copago al que tienen que hacer frente. “La medida debe ser tomada con matices. De qué le sirve a una persona mayor tener tres terrenos en el campo si no saca ya réditos de ello y, por el contrario, se le obliga a pagar más”, explica Pardo.