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Aragón

Críticas de la oposición y las entidades sociales por la «nefasta» gestión del IAI

Partidos y entidades censuran el colapso que mantiene en espera a más de 1.000 personas y dudan que la nueva ley agilice el proceso

I. Ara 18/08/2014 a las 06:00
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Tanto Cáritas (en la imagen, una protesta en mayo en Huesca) como los colectivos integrados en la Marea Naranja han protagonizado en los últimos meses actos reivindicativos contra las condiciones que se pretende introducir en la ley.Javier Blasco

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Los partidos de la oposición y entidades sociales cargaron ayer contra la «nefasta» gestión del Gobierno autonómico en la tramitación de altas y renovaciones del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que acumula una espera que en algunos casos supera los ocho meses –el plazo máximo establecido es de tres– y que afecta a más de mil personas, según los trabajadores de los servicios sociales. 

Además, criticaron que el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia alegue que los retrasos se reducirán con la modificación de la ley, que aún se está tramitando y que ha suscitado multitud de quejas por las nuevas condiciones que impone. En este sentido, la portavoz socialista de Servicios Sociales en las Cortes, María Victoria Broto, calificó de «desvergüenza» que el Ejecutivo diga que la futura normativa solucionará los «alarmantes» datos de peticiones sin resolver. El cambio, afirmó, supondrá que «todavía haya menos perceptores» porque «lo único que se pretende es ahorrar».

Además, reiteró que el presupuesto de 28 millones destinado este año al IAI es «a todas luces insuficiente». Solo en enero se dedicaron 2,7 millones, por lo que con ese dinero «solo se puede cubrir 10 meses», advirtió, y lamentó que «el problema no es de la tramitación ni de falta de documentación de los perceptores, sino de falta de presupuesto y voluntad política».

En esta apreciación coincidió el presidente de CHA y portavoz parlamentario, José Luis Soro, que calificó de «intolerables» las demoras. «Quizás el problema no es tal, sino que es una estrategia del Gobierno la de solicitar montones de documentación para decir que los expedientes están incompletos, dilatar los procesos y, con ellos, los pagos, y de esa manera contener el gasto, que es su única obsesión», reprochó. Y auguró que de aprobarse la ley en los términos planteados por el Gobierno, los problemas «se intensificarán».

Por su parte, el diputado de IU Miguel Aso calificó de «nefasta» la gestión de la DGA, que «hace paganos a los más necesitados de apoyo institucional urgente» y tiene «colapsados» los servicios sociales. En cuanto a la reforma de la ley, subrayó que «ni los socios de gobierno son capaces de ponerse de acuerdo».

Jaime Sanaú, presidente de Cáritas Zaragoza, recordó que atender a los solicitantes del IAI «es obligación de la Comunidad», pero muchos acaban acudiendo a esta entidad, que este año ha asistido a un 35% más de familias que en el mismo periodo de 2013, algo que achacó en parte a estos retrasos. Denunció que «se ponen muchas trabas» para percibir la ayuda, por lo que Cáritas está haciendo un seguimiento de todas las incidencias en la tramitación que enviará al IASS . Además, al igual que el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, rechazó que el atasco se deba a los expedientes incompletos que llegan del Ayuntamiento de Zaragoza, como sostiene la DGA.

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'''Los partidos de la oposición y entidades sociales cargaron ayer contra la «nefasta» gestión del Gobierno autonómico en la tramitación de altas y renovaciones del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que acumula una espera que en algunos casos supera los ocho meses –el plazo máximo establecido es de tres– y que afecta a más de mil personas, según los trabajadores de los servicios sociales. 
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'''Los partidos de la oposición y entidades sociales cargaron ayer contra la «nefasta» gestión del Gobierno autonómico en la tramitación de altas y renovaciones del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que acumula una espera que en algunos casos supera los ocho meses –el plazo máximo establecido es de tres– y que afecta a más de mil personas, según los trabajadores de los servicios sociales. 
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