Pacto institucional o constitucional
Al igual que en la Transición, necesitamos élites alentadas por idéntica generosidad y el mismo imperativo del acuerdo y del consenso.
De la misma manera que cada uno de nosotros celebramos determinados hitos de nuestra vida, es lógico que también lo hagamos con la Carta Magna. Que cumpla cuarenta y cinco años es todo un récord, dado que en nuestro país no ha existido una norma democrática que haya pervivido tanto tiempo. Conmemorar no debe significar única ni necesariamente celebrar. Significa, sobre todo, hacer memoria, recuperar lo transitado. Significa explicar y diagnosticar el presente, para lanzarnos con más fuerza hacia el futuro. Las celebraciones son interpretadas y valoradas de distinta manera por los distintos actores que en ellas intervienen. Pertenezco a la generación que la aprobó y desde entonces se la he explicado en clase a mis alumnos. He procurado señalar y valorar la importancia de ésta, pues nos permitió pasar de una dictadura a una democracia, y fuimos capaces de llevar adelante un compromiso con el país, con generosidad y responsabilidad, olvidándonos de las consignas de grupo. Algunos dirán que era tan claro y evidente el objetivo que era difícil no lograr el acuerdo: recuperar la democracia. Pero para lograrlo fue necesaria la renuncia, la cesión. Pero también supuso cambio, innovación y una nueva posibilidad para nuestro país. Una nueva forma de ver y entender la política. Supuso un consenso y el compromiso de trabajar conjuntamente para construir un país mejor. Nos homologó a nuestros vecinos europeos, nuestra referencia permanente en aquellos años. El consenso, hemos de recordar, no fue fácil. Pienso que fue una salida modélica de una dictadura, lo que podríamos denominar como ruptura pactada, y de construcción de una economía social de mercado. Todo ello lo acompañamos de una importante transformación social, en cuanto a valores y costumbres, que ha hecho que la España de hoy no tenga nada que ver con la de hace cuatro décadas.
Nuestra actual Constitución nos permitió, por primera vez en dos siglos, dar una respuesta estable a uno de los cuatro problemas históricos de España, que era el problema territorial. Creo que con ella logramos respetar e integrar la diversidad en el mismo marco de convivencia. Cuarenta y un año de nuestro Estatuto y cuarenta y cinco de nuestra Constitución, que en su artículo 2 reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Hace 41 años comenzaba un proceso de construcción institucional, al aprobar nuestro Estatuto de Autonomía, que ha conformado la sociedad aragonesa que conocemos hoy en día. En aquel momento era difícil aventurar hasta qué punto la evolución del país iba a permitir el desarrollo social, económico e institucional que las autonomías tendrían pasados unos años. Debido a las progresivas transferencias de competencias, Aragón ha cambiado mucho en estos años. Por ello siempre mi última clase del año la impartía en las Cortes de Aragón. Tenemos, por tanto, un gran capital político a preservar, que nos debe de servir de palanca para afrontar los nuevos retos. Poseemos incertidumbres, como entonces, pero hoy son muy distintas, lo que no implica que no sean abordables, ni superables.
Entiendo que toda Constitución es reformable. Ahora bien, en nuestro país la tradición en materia de reforma constitucional es que no hay reforma. Aquí, si se quiere cambiar la Constitución, se cambia directamente de Constitución. La historia nos enseña que las solemos cambiar cuando estamos al borde del precipicio, o porque no nos queda otra opción. Cuando se muere Franco, con el 14 de abril de 1931 o en 1876, tras la huida de Amadeo de Saboya y la guerra carlista. Ciertamente que muchos la consideran intocable, quizá debido al momento histórico en que fue promulgada, tras una guerra civil y una dictadura. Para ello, al igual que en la Transición, necesitamos élites que no han de ser ni más ni menos inteligentes. Élites alentadas por idéntica generosidad y el mismo imperativo del acuerdo y del consenso por encima de la necesidad de competir ‘urbi et orbe’ o de recurrir al acoso y derribo del definido como ‘enemigo’ y, por lo tanto, sin vetos al que no es más que un conciudadano adversario o competidor. Defender hoy el pacto constitucional obliga a llevar a cabo la reforma política que necesita la sociedad española y que puede asumir. Como señalaba el profesor Santiago Muñoz Machado, que lideró la propuesta de reforma al frente de un grupo de expertos. A su vez, marca algunas indeterminaciones que atañen principalmente a la descentralización que dio lugar al Estado de las Autonomías, que son las causantes del desaforado crecimiento de las Administraciones autonómicas o del choque de competencias entre el Estado y las Comunidades. Y proponía la necesidad de acometer una reforma constitucional o, en su defecto, servirse de las leyes existentes o promulgar las que sean necesarias. “El poder de reforma constitucional es un poder constituido no es un poder constituyente, tiene que operar dentro del marco de la Constitución”. Su conclusión era contundente: la Constitución debe ser reformada “para defenderla”.
*Catedrática de Historia de instituto
