Estamos llamados a proteger la Carta Magna
La Constitución española, antes de nada, equipara a la ciudadanía ante la ley y pretende el impulso de todo el territorio nacional en igualdad de condiciones.
Este 6 de diciembre celebramos el cuadragésimo quinto aniversario de la Constitución Española. La gran obra política de nuestra historia moderna, símbolo del reencuentro y la concordia entre españoles y norma sobre la que hemos edificado los mejores años de nuestra nación, nos está dando en estos últimos tiempos sobrados motivos para reivindicarla y defenderla.
Los españoles, y en especial quienes ostentamos cargos públicos, tenemos el deber de blindar nuestra Carta Magna, sostén de los derechos -y deberes- del pueblo español, de la separación de poderes y de preceptos tan fundamentales para el correcto funcionamiento de las instituciones como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
No es ningún secreto que el texto normativo de 1978, aquel que nos ha permitido alcanzar unas cotas de bienestar inimaginables décadas atrás, sufre el descrédito de unas minorías dotadas de un altavoz y un poder desacompasados respecto de su peso real. Estas, contrarias a los valores que emanan de la Constitución y del Estado de Derecho, persiguen una quiebra de la igualdad entre los españoles, cuando no del propio Estado, del que reniegan cuándo y cómo les conviene.
Pero para atacar la Constitución no es imprescindible el llamamiento a un proceso constituyente ni el bloqueo de infraestructuras críticas. Ni siquiera es necesario el uso de palabras gruesas ni recurrir al histrionismo. Existen formas más sutiles y sibilinas de romper con la cordialidad, con la igualdad y, lo que es extraordinariamente preocupante, con la separación de poderes y la independencia de la administración de Justicia.
No escondo mi preocupación ante el trato que recibe hoy día la Carta Magna ni tampoco mi sorpresa por el origen de estos ataques, que ya no sólo se circunscriben al ámbito de acción de formaciones nacionalistas e independentistas. Unas agresiones que, lejos de ser veladas, ahora se impulsan con luz, taquígrafos y argumentario, en sede parlamentaria y en platós televisivos. Los españoles plantamos cara al terrorismo con la ley en la mano, pero nunca habíamos imaginado tener que defender la democracia en un escenario como el actual.
Los acontecimientos sucedidos en los últimos años, acelerados en el pasado trimestre con el fin de amarrar el poder Ejecutivo, han puesto en entredicho la independencia judicial y hasta el papel de las Cortes Generales, ninguneadas a golpe de decretos leyes. Es inaudita, y aún más peligrosa, la forma de entender la separación de poderes de aquellos que cada día dan forma al Boletín Oficial del Estado.
Quienes desprecian la ley de leyes tampoco respetan la historia. El relato perpetrado para justificar las cabriolas legales inventa fechas y culpables. Es falaz fechar en 2006, coincidiendo con la reforma del Estatuto de Autonomía catalán, el comienzo de las hostilidades hacia la Constitución. Igual de interesado es achacar la falta de sintonía entre algunos territorios y el Estado a quienes siempre han buscado preservar la igualdad real entre españoles.
Para mayor sonrojo, quienes faltan a la historia reciente y retuercen la ley lo hacen escudándose en el impulso de un marco de convivencia que, a la postre, ahonda en el desequilibrio entre comunidades autónomas. Con esas desigualdades buscan acorazar los privilegios de unos pocos territorios para relegar a otros, como Aragón, al papel de comparsa.
Es importante recordar, por repetitivo que suene a estas alturas, que la Constitución que nos dimos hace ya 45 años blinda los derechos de los ciudadanos españoles. De todos. El texto no hace distingos por código postal, no discrimina por razón de sexo o edad ni pregunta por la filiación política.
La Constitución española, antes de nada, equipara a la ciudadanía ante la ley y pretende el impulso de todo el territorio nacional en igualdad de condiciones. ¿No será ese punto de partida lo que tanto escama a unas minorías privilegiadas? ¿Por qué quienes ansían la asimetría son quienes más se han beneficiado de la prosperidad asociada a nuestra democracia?
Y una tercera pregunta, no menos clave en este asunto: ¿por qué una mayoría de españoles debemos transigir con un pisoteo deliberado a los principios constitucionales en el marco de un intercambio de favores? La gravedad de la situación requiere de una altura de miras que no todos los poderes públicos están demostrando.
Recientemente, en una visita a Tarazona, recordamos a uno de los padres de la Constitución, el aragonés Gabriel Cisneros. En el monumento a su figura aparece una frase: “Creyó en las libertades y luchó por ellas”.
Sigamos esa máxima. El futuro de España está ligado a la permanencia de sus instituciones, y estas, a su vez, dependen de la supervivencia de la Constitución. Vivimos tiempos agitados que nos exigen lo mejor de nosotros mismos, por eso es fundamental que nos impliquemos en la defensa de las libertades, de la igualdad, de la justicia y de la separación de poderes. En resumen: estamos llamados a proteger la Carta Magna.
Como presidente de Aragón, mi implicación en la defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma es máxima. Este objetivo, que sin duda enmarco en la búsqueda de la igualdad entre todos los españoles, no puede acometerse sin la salvaguarda de nuestra Constitución. Desde estas líneas invito a todos los aragoneses a implicarse en esta tarea, exigente por las circunstancias, pero sin duda necesaria. El futuro de Aragón y de España depende de ello.
*Presidente de Aragón
