La propuesta del PSOE de dejar sin abonos para el transporte urbano a quienes no estén empadronados en Zaragoza ya ha provocado las primeras quejas ante el Justicia de Aragón. Según fuentes de la institución, al menos dos personas se han dirigido a Fernando García Vicente para pedir amparo ante la medida a pesar de que se anunció hace apenas cinco días y de que ni siquiera es una decisión firme: la intención del equipo de gobierno de Juan Alberto Belloch es aplicarla a partir del 1 de enero de 2012, pero antes se tendría que aprobar en el pleno y por medio estarán las elecciones.

«Las quejas recibidas proceden de dos particulares que se encuentran en los supuestos que más se están comentando estos días: ciudadanos que son de fuera pero estudian o trabajan en Zaragoza -concretaron las mismas fuentes-. Son las primeras, pero seguro que llegan bastantes más. Desde que se planteó el tema, el Justicia y sus asesores han tenido claro que iban a tener que pronunciarse al respecto».

Conforme lleguen más quejas, la institución las unificará todas en un mismo expediente. «Es un debate interesante, así que el Justicia emitirá una sugerencia muy estudiada y argumentada», anunciaron desde la entidad que dirige García Vicente.

Hasta ahora, el Justicia de Aragón ha tramitado numerosos expedientes relacionados con los problemas que surgen en torno al acto de empadronarse en un municipio u otro. Por ejemplo, pidió a Sabiñánigo que controle los empadronamientos irregulares y descartó que hubiera irregularidades en el empadronamiento de 43 ancianos en una residencia de Calatayud.

Un antecedente lejano en Used

Sin embargo, el pasado mes de febrero la institución efectuó una sugerencia en la que por primera vez se pronunciaba sobre la procedencia o no de diferenciar entre empadronados y no empadronados a la hora de fijar las tarifas para acceder a unos determinados servicios municipales -en este caso, los nichos del cementerio, las tarjetas de caza y las piscinas de Used, un pequeño municipio del campo de Daroca-.

«Obviamente no es lo mismo el transporte público de una ciudad de 650.000 habitantes que las piscinas de un pueblo con 50 vecinos, pero de momento es la única sugerencia con cierto parecido que se ha efectuado», explicaron fuentes del Justicia.

La queja que motivó esta intervención tenía que ver con la decisión del Ayuntamiento de Used de regular las tarifas a los servicios ya mencionados distinguiendo entre empadronados y no empadronados en la localidad. Cuando el Justicia se puso en contacto con este consistorio, la respuesta que recibió explicaba que la decisión se había tomado porque Used es un municipio «pobre en recursos económicos» cuyos «pocos» ingresos vienen marcados por el número de empadronados.

Como la población es «cada vez más mayor», muchos de los vecinos se marchan a otros lugares, sobre todo a Zaragoza, al llegar el invierno. «Hemos notado que, cada vez con mayor frecuencia, estos mayores se empadronan en la capital para beneficiarse de la tarjeta gratuita para el transporte urbano -llegó a contestar el Ayuntamiento de Used-. Mientras, en nuestro municipio tenemos que seguir manteniéndonos cada día con menos recursos porque somos menos población».

Tasas contra precios públicos

Sin entrar a valorar esas circunstancias que se repiten en la gran mayoría de los pueblos aragoneses, la conclusión del Justicia fue que era procedente distinguir entre empadronados y no empadronados en las tarifas de las piscinas y de la tarjeta de caza, pero debía eliminarse esa discriminación en el pago de los nichos del cementerio.

La diferencia de criterio entre unos servicios y otros se debe que las tarifas de los nichos estaban reguladas como tasa municipal y sin embargo los costes de las piscinas y de la caza se consideraban precios públicos.

En este sentido, el Justicia recordó al Ayuntamiento de Used que en la determinación de tasas cabe el establecimiento de tarifas diferentes, pero solo si el criterio utilizado es el distinto nivel de renta de los vecinos. Por contra, en los precios públicos sí que se pueden fijar distintas tarifas atendiendo a otros criterios distintos del nivel de renta como el estar empadronado o no.

El Justicia también recordó en su sugerencia que los precios públicos son la contraprestación que tienen que pagar quienes «voluntariamente» solicitan a un ayuntamiento un servicio o una actividad que también puede obtenerse del sector privado -tanto las piscinas como la actividad de la caza cumplen ambos requisitos-.