El recargo que aplica el Ayuntamiento de Zaragoza a los no empadronados por determinados servicios está en entredicho. La Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización del ejercicio de 2011 en el Consistorio, cuestiona abiertamente esta diferenciación de las tarifas dependiendo de dónde esté registrado el domicilio del usuario, algo que a su juicio es "contrario a los principios fundamentales del sistema tributario".

El órgano fiscalizador reprueba el recargo exclusivamente al analizar los precios de aquel año de la Universidad Popular, en los que se aplica un suplemento del 50% a los estudiantes que no estén empadronados en Zaragoza. Sin embargo, este criterio se usa para imponer el mismo porcentaje de plus en los precios públicos que afectan a los estudiantes de las escuelas artísticas (Escuela Municipal de Música y Danza, Conservatorio Profesional de Danza, Escuela Municipal de Teatro y Conservatorio Elemental de Música), a los niños de las escuelas infantiles y a los usuarios de las piscinas y balnearios municipales.

Además, fuera ya de las ordenanzas fiscales, los no empadronados tienen penalizaciones de distinto tipo a la hora de acceder al servicio de wifi municipal (Wizi), a las bicicletas públicas de alquiler (Bizi) y a las bibliotecas del Ayuntamiento.

Según el informe provisional de la Cámara de Cuentas, el recargo del 50% en la Universidad Popular es "contrario a los principios fundamentales del sistema tributario de igualdad, progresividad y generalidad". El órgano fiscalizador argumenta que la cuantía de las tasas no puede superar el coste real del servicio, aunque pueden existir "razones de rentabilidad social" para que las tarifas no cubran dicho coste. Por ello, se pueden aplicar beneficios fiscales "teniendo en cuenta criterios genéricos de capacidad económica" de los usuarios pero, insiste el informe, "en ningún caso puede usarse el empadronamiento como criterio determinante para conceder o no beneficios fiscales (reducciones en las tasas a los empadronados o aumento a los no empadronados)"."La ordenanza debe aplicarse"

El informe de la Cámara de Cuentas no implica que estos recargos vayan a desaparecer –para empezar, porque el documento aún es provisional–. De hecho, fuentes del equipo de gobierno municipal señalan que las ordenanzas fiscales "fueron aprobadas por mayoría" y "tienen que aplicarse". Además, apuntaron que en su día "no se presentó ningún recurso al respecto", y justificaron el recargo en que "hay que fomentar que la gente se empadrone".

Independientemente de que el informe acabe siendo vinculante o no para el Ayuntamiento, de momento abre un debate sobre la conveniencia de aplicar penalizaciones fiscales a las personas que usan servicios en Zaragoza sin estar empadronados en la capital aragonesa. Esta discusión no es nueva, y de hecho fue uno de los argumentos principales de la última campaña electoral en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Entonces, en mayo de 2011, el PSOE anunció que en enero de 2012 cerraría el acceso a los abonos del autobús urbano a los no empadronados. Además de reducir el déficit del transporte público, la medida supuestamente se aplicaría para incentivar el empadronamiento en Zaragoza, ya que a mayor población, más cuantía en las transferencias que hace el Estado. Sin embargo, la fuerte oposición política y ciudadana frenó esta iniciativa.

El Justicia de Aragón se ha pronunciado tres veces sobre casos similares, y en las tres ha recordado a los ayuntamientos implicados (Used, Aguarón y Pastriz) que no podían establecer diferencias teniendo en cuenta exclusivamente el empadronamiento. Al igual que la Cámara de Cuentas, sí contempla la posibilidad de aplicar beneficios fiscales en función de la capacidad económica del sujeto, pero no por el lugar en el que tiene registrada su residencia.

Los tribunales han dictado decenas de sentencias por este motivo, y se han pronunciado casi por igual en ambos sentidos. En 2006, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dio por buenas las reducciones de tarifas para los vecinos en el peaje del túnel de Sóller, mientras que el de Galicia cuatro años antes tumbó la tasa por la que el Ayuntamiento de Santiago cobraba a los no residentes el doble por las bodas civiles.