La Fiscalía Anticorrupción da por cerrada la investigación del caso Plaza tras la declaración como testigo de Benito Bergua, el dueño original de los suelos que Sanedi revendió a la plataforma logística y que la Policía calificó de "pelotazo". Este es el último fleco de las pesquisas sobre la supuesta malversación en la urbanización de la plataforma logística, que comenzaron hace dos años con la denuncia de un empleado de Acciona, Chabier Mayayo, y del gerente de Plaza, Jesús Andreu, y cuya valoración asciende a 150 millones de euros.

Los fiscales José Grinda y Juan José Rosa consideran que hay pruebas suficientes para concluir la instrucción, aunque la última palabra la tiene el juez, José Ignacio Martínez. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ya no está trabajando en este caso y la acusación particular, ejercida por lo servicios jurídicos de la DGA, tampoco tiene previsto aportar más pruebas como para abrir otro frente relacionado con la urbanización de Plaza. Hasta el momento hay 26 imputados, entre ellos el exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco, y el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril.

Las últimas averiguaciones se centran en la operación de Sanedi, una de los dos compraventas directas de suelo que hizo la sociedad pública y que supuso un "pelotazo" millonario para la empresa madrileña hace doce años.

En uno de sus informes, la UDEF puso bajo sospecha la adquisición por 4,5 millones de 61 hectáreas del denominado Acampo de Bergua. La operación se justificó con que los terrenos iban a servir para ampliar la zona ferroviaria, pero siguen yermos porque su cercanía a un polvorín de la Base solo permite su uso como zona verde. Los agentes destacaron que solo dos años antes, por la totalidad de la finca, de unas 610 hectáreas, Sanedi pagó 9 millones a Bergua. Por ello, concluyeron que la firma madrileña ganó 430 millones de pesetas al vender a Plaza.

El juez había citado al dueño original de Acampo de Bergua y al que diseñó el proyecto supramunicipal, José Manuel Almarza, pero este último se encuentra en Perú por motivos de trabajo.

Benito Bergua declaró ayer ante el juez que se sintió "engañado" por la propia DGA, que con antelación a esta operación le expropió de mutuo acuerdo parte de los suelos para la zona ferroviaria, concretamente 54 hectáreas. El empresario señaló que vendió los terrenos a precio de rústico sin saber que iban a ser urbanizables pese a que así se había decidido "días antes" sin que él lo supiera. No obstante, reconoció que era consciente que los suelos iban a servir para ampliar la plataforma logística y que, precisamente, negoció con el gerente de la sociedad pública, Ricardo García Becerril, y firmó la compraventa con el entonces consejero de Obras Públicas, Javier Velasco.

Sobre la operación bajo sospecha de Sanedi, Bergua dijo que no sabía que hubiera "otra persona" implicada en la negociación aparte del dueño de la firma, el fallecido Antonio San Román. La cuestión iba en relación con que en un correo intervenido en el ordenador de Becerril se acusaba a Esco de maquinar la compraventa de Sanedi pese a que los terrenos eran "absolutamente inútiles".

En sus alegaciones, la defensa de Carlos Esco, ejercida por Juan Monclús, incidió en que la operación de Sanedi se trató en realidad de una expropiación de mutuo acuerdo por la necesidad de ampliar Plaza a raíz del traslado de dependencias ferroviarias, pactada por las administraciones en un convenio y que motivó la primera modificación del proyecto supramunicipal. Su precio por metro cuadrado fue incluso inferior al negociado con Bergua. También rebatió la tesis de que se compraron suelos inútiles a sabiendas: "Las afecciones por servidumbres aeronáuticas y de polvorines no eran desconocidas [...] Una cosa es la inedificabilidad de unos terrenos por razón de sus afecciones, tengan éstas el origen que tengan, y otra que no puedan formar parte de un ámbito de gestión urbanística generando los correspondientes aprovechamientos. Son cuestiones radicalmente distintas".