Batalla antes de la aprobación de la 'ley Sinde'

Las espadas están en todo lo alto. En las horas previas a la presumible aprobación de la llamada 'ley Sinde', internautas y creadores recrudecieron ayer la batalla que les enfrenta desde hace años. Para hoy, sin ir más lejos, la plataforma Sinderechos ha convocado una concentración frente al Congreso de los Diputados para expresar su malestar con el nuevo texto legal.

La concentración tendrá lugar a partir de las 9.00 en la plaza frente al Congreso. Igualmente, han sido convocadas movilizaciones en otras ciudades, como Barcelona y Valencia, aunque sin fecha concreta. En Barcelona, Ferrol y Cádiz, las concentraciones se desarrollaron ayer tarde.

Y fue ayer cuando estaba previsto un ataque masivo contra las páginas web de los partidos que apoyan la ley. La del PSOE fue la única que resistió el ataque convocado por el blog 'Anonymous'.

Tanto la web de CiU como la de PNV y la del PP permanecían inaccesibles a las 19.00, una hora después del inicio de la acción. El último post del blog proponía otra acción de protesta: bloquear hoy la página web del Congreso de los Diputados organizando un ataque colectivo a partir de las 18.00.

Amenaza de los creadores

La acción se enmarca en las iniciativas que se están llevando a cabo en la red para expresar su oposición a la 'ley Sinde'. Esta acción sigue a la exitosa 'huelga' de páginas web de descarga que el domingo revolucionó a los internautas españoles.

Mientras, el presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, Aldo Olcese, advirtió ayer de que si la disposición sobre el cierre de páginas web de descargas de contenidos es rechazada hoy o sufre modificaciones, defenderán ante la UE una postura más dura, que afectará también a los usuarios.

Olcese manifestó ante los medios de comunicación el apoyo "pleno y total" de la coalición a la redacción actual de la disposición final de la Ley de Economía Sostenible que se debatirá hoy, y presumiblemente se aprobará, en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.

Para el presidente de la coalición se trata de un texto "de mínimos" frente a otras normativas "más agresivas" vigentes en Francia, Reino Unido o EE. UU. que no solo actúan contra las páginas web de descargas sino también contra sus usuarios.

No obstante, Olcese defendió que la redacción actual de la ley antidescargas es un "primer paso que deseamos sea definitivo" contra la vulneración de la propiedad intelectual, por lo que animó a todos los grupos parlamentarios a apoyar el texto.

Olcese confía en que el reglamento de la ley, que "debería estar bastante elaborado", tenga en cuenta la existencia de las páginas web mutantes, que rápidamente surgen en internet, y que podrían esquivar la normativa.

En su opinión, la comisión encargada de comprobar que existe vulneración de derechos y solicitar el cierre de una página web a un juez de la Audiencia Nacional debería estar constituida en mayo para realizar las primeras actuaciones antes de agosto.

Pero la batalla se libra en muchos frentes. La Asociación de Internautas se ha sumado a las protestas y pide desde el domingo que se telefonee a los partidos o se envíen correos electrónicos a los diputados que van a votar hoy la ley. Además, según aseguraba ayer el presidente de la citada asociación, Víctor Domingo, estudia recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional. "Si no queda otro remedio y la ley se aprueba tal y como está ahora mismo, no tendremos problemas para reunir las firmas necesarias y presentar un recurso de inconstitucionalidad", aseguraba.

Por su parte, la asociación de consumidores FACUA ha enviado a los grupos parlamentarios 30.000 firmas contra la normativa, con el texto 'Si es legal es legal'.

Las redes sociales están desempeñando un importantísimo papel en la revuelta popular. En Facebook, un perfil registrado como 'Somos más de un millón contra la ley antidescargas, Sinde dimisión' suma ya unos 200.000 seguidores. El tema fue, el domingo pasado, el día en que cerraron las principales webs de descarga, objeto de decenas de mensajes por minuto en Twitter.

Por su parte, el Gobierno volvió a salir a la palestra para defender su posición. Ayer lo hizo a través del secretario de Organización del PSOE, el aragonés Marcelino Iglesias, que aseguró que la disposición contra la descargas logrará "conciliar" los intereses legítimos de los autores a su propiedad intelectual con los de los internautas, "que también tienen derechos que hay que respetar".

Y recordó que la disposición prevé que solamente un juez podrá decidir sobre el cierre de una página web.