El PSOE negociaba ayer con CiU la introducción de una enmienda que atenúe la llamada 'Ley Sinde', apenas unas horas antes de su previsible aprobación en la correspondiente comisión del Congreso de los Diputados. Y buena parte de la premura con la que estaba negociando el apoyo se debe a que el motín en internet contra el nuevo texto legal ha alcanzado magnitudes inesperadas. El domingo, el cierre voluntario de muchas de las páginas contra las que va dirigido el texto legal redujo el tráfico global en la red en un 50 por ciento. Se calcula que las páginas afectadas (Seriesyonkis, Peliculasyonkis... etc.) generan alrededor del 70 por ciento del tráfico de internet en España.

Mientras se producían estas negociaciones, cundían las especulaciones sobre lo que pasará hoy en la pertinente votación.

El Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, dijo ayer que rechazará la disposición de la Ley de Economía Sostenible si no logra un acuerdo con el PSOE para modificarla.

De no llegar a un consenso antes de las doce del mediodía de hoy, el PNV solicitará la votación por separado de esta disposición, una votación aislada con la que podría no salir adelante la conocida como 'Ley Sinde', al considerar que varios grupos como IU-ICV han criticado el "escaso" acuerdo entre los partidos sobre este punto.

El grupo IU-ICV, por su parte, ha presentado una enmienda para la supresión de la disposición final segunda, en la que señala que algunas de las propuestas incluidas en ella "pueden vulnerar derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión y a la información".

Además, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), por su parte, solicita en otra enmienda la modificación "radical" de la disposición, al considerarla no solo "excesiva" y "equivocada", sino que "vulnera la garantías jurídicas" del Estado de Derecho.

Según algunas fuentes, la enmienda que negociaban a últimas horas de ayer el PSOE y CiU consistía en crear un organismo de arbitraje independiente que mediaría entre la Comisión de Propiedad Intelectual, que se encargará de tramitar las denuncias, y las propias páginas web.

Ese nuevo organismo mediaría antes de que intervinieran los tribunales.