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Teresa Peramato, fiscal de violencia sobre la mujer: "No se fíen de los maltratadores, no pacten con ellos"
La fiscal plantea debatir la eliminación de los pactos de mutuo acuerdo que permiten que los padres agresores vean a sus hijos, porque la mujer está en una "situación de desventaja".
Conocido el segundo caso de violencia vicaria del año, que suma ya cuatro menores asesinados por sus padres en un acto de venganza contra la madre, la fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, explica las actuaciones de la Fiscalía en estos casos y, en particular, en el que ocurrió en Almería. Bajo el radar de las autoridades, el agresor llegó a tener prohibida durante varios meses las visitas a sus dos hijas, a las que terminó envenenando antes de matarse.
"Tenemos que tener claro que hablamos de asesinos que son maltratadores y controladores, y que buscan las estrategias para hacer el máximo daño a la mujer", afirma Peramato. "Muchas veces el hecho se produce no por una fisura de las normas sino porque ellos tienen una mentalidad para conseguir un objetivo, y van a sortear cualquier medida que se pueda establecer al respecto".
¿La violencia vicaria sucede por falta de aplicación de las leyes?
En el ordenamiento jurídico español tenemos medidas para dar protección a las mujeres y sus hijos, de los más avanzados en el ámbito internacional. Desde 2021 no se puede establecer un régimen de visitas a un hombre procesado por violencia de género y, si ya están acordadas, se tienen que revisar. Estas medidas las protegen de forma efectiva. Pero en el procedimiento civil se prevé que el juez pueda establecer o mantener ese régimen de visitas en atención al bien superior del menor.
![El pueblo de Abla ha guardado un minuto de silencio en memoria de las dos menos asesinadas, presuntamente, a manos de su padre, que posteriormente se quitó la vida, a 18 de marzo de 2024 en Almería (Andalucía, España). Un hombre, de origen rumano, con orden de alejamiento mata a sus dos hijas en un pueblo de Almería y luego se suicida...18 MARZO 2024..Marian León / Europa Press..18/03/2024 [[[EP]]]](https://imagenes.heraldo.es/files/image_320_180/uploads/imagenes/2024/03/18/minuto-de-silencio-en-abla-por-la-muerte-de-dos-nias-a-manos-presuntamente-de-su-padre-almeria-11.jpeg)
¿Qué ocurrió esta vez?
El fiscal pidió la orden de protección y que no se estableciera ningún régimen de visitas. Así se acordó por el juez y durante todo el procedimiento se mantuvo la prohibición de aproximación y el brazalete para controlarlo, con la custodia para la madre, a la que se adjudicó el uso del domicilio. Además no se estableció ningún régimen de visitas. Llegados a un momento del procedimiento civil, las partes, padre y madre, acordaron un régimen de visitas consistentes en seis horas los sábados y domingos, con entregas y recogidas en el punto de encuentro.
¿No hubo oposición de las instituciones?
Se pidió el informe del fiscal, que no tuvo ningún argumento para oponerse, y se acordó por el juez. Luego quedó sin efecto el punto de encuentro a petición de ambas partes, que solo hacía la función de recogida y entrega. Se ejecutó durante unos meses y un domingo ocurre este desenlace horroroso, que nos tiene a todos consternados.
¿Qué plantea usted para evitar que sucedan estos crímenes?
Tenemos que reflexionar y replantearnos si el procedimiento de mutuo acuerdo es un recurso procesal que protege adecuadamente a la mujer y a los niños, a las víctimas. Lo planteo porque en España está prohibida la mediación en los procesos de violencia de género, al entender que hay un desequilibrio entre las partes, y que la mujer está en una situación de desventaja a la hora de negociar. Y sin embargo en el procedimiento civil se aplica el mutuo acuerdo.
En el que la mujer sigue en desventaja.
Sí, se puede encontrar en esa situación, aceptando aquello que no es adecuado para su protección ni la de sus hijos. La posibilidad de oponerse que tiene el ministerio fiscal en un procedimiento de mutuo acuerdo es remota, porque no se abre un periodo probatorio para que el fiscal haga las obligatorias alegaciones, razonando por qué ese acuerdo no sería beneficioso para los niños, que es lo que permite la ley. Hay que abrir ese debate.
¿Eso modificaría las leyes?
-Si hubiera que reformar algo sería la ley de enjuiciamiento civil, pero puede ser suficiente con abrir causa procesal para contar con pruebas suficientes. Eso permitiría la flexibilidad procesal que debería regir siempre en los procedimientos que afectan la seguridad de los niños. Lo plantearé en los debates que tenemos cada año. Hay que trabajar en esta materia.
¿Qué medidas toma la Fiscalía contra la violencia vicaria?
No sólo en la extrema y letal, también trabajamos en la instrumental. Porque los niños en ese contexto pueden ser la herramienta de los agresores para mantener el control e incluso ejercer violencia sobre la madre. Nos hemos reunido para discutir criterios de actuación.
¿Cuáles serían esos nuevos criterios?
-Una mayor diligencia en la investigación para detectar la instrumentalización de los niños por parte de los agresores, y medidas civiles que pongan fin a esas acciones, que podrían ser órdenes de alejamiento o que limiten la relación paterno filial.
¿Y en la violencia vicaria extrema?
-En estos casos es absolutamente importante tener un visión proactiva para detectar esos riesgos. Siempre y cuando el procedimiento nos lo permita, porque si llegamos a un acuerdo entre las partes, lo dificulta. En el caso de Almería, el ministerio fiscal mantuvo desde el primer momento la negativa del acercamiento y del régimen de visitas.
¿Qué mensaje tiene que calar en la sociedad?
Que un maltratador no puede ser considerado nunca un buen padre.
¿Y qué diría las víctimas?
-Desde todo el cariño y respeto, que no se fíen de los maltratadores, no pacten con ellos. Pidan ayuda. Ellas no están en condiciones de llegar a buenos acuerdos, porque la violencia de género provoca siempre muchas vulnerabilidades y una situación de desventaja. No se fíen y sí confíen en la fiscalía.
