Según el Servicio de Cambio Climático 'Copernicus', en los meses de junio, julio y agosto de 2023 la temperatura en todo el planeta fue de 16,77 °C, lo que supone un 0,66 °C por encima de la media. En Europa, los datos son un poco peores: 19,63 °C de temperatura media, con un 0,83 °C de aumento.

Este verano en España ha sido el tercero más cálido desde que hay registros (solo superado por los de 2022 y 2003). En su transcurso, se registraron cuatro olas de calor, con un total de 24 días en esa situación. La temperatura media del verano en España fue de 1,3 °C superior al promedio normal.

Estas altas temperaturas han dejado en España una mortalidad atribuible a estas olas de calor de 1.834 muertes según datos del MoMo, una cifra inferior a la mortalidad atribuible en el verano de 2022 que fue de 4.663, registradas por el mismo sistema de monitorización de la mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III.

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Por otra parte, las mismas situaciones meteorológicas que provocan esas altas temperaturas han incidido en la exacerbación de una sequía en nuestro país como no se recordaba desde 1995, condiciones que han conducido a nuestros pantanos a contar con un volumen embalsado de tan solo el 36,5 % de su capacidad total según datos del 25 de septiembre de 2023. Lo que es menos conocido es que las sequías, además de sus evidentes impactos directos en el sistema agrícola y ganadero, también tienen consecuencias a corto plazo sobre la salud: aumentan la morbimortalidad por causas circulatorias, respiratorias, renales e incluso enfermedades mentales, incrementándose también las enfermedades de transmisión hídrica, originadas por la falta de agua y su menor calidad.

Respecto a la superficie quemada dentro de nuestras fronteras, también ha sido menor en este verano, cerca de 88.000 hectáreas quemadas frente a las 254.000 hectáreas de territorio arrasadas en el año 2022. Aun así, sí que se ha vivido recientemente otro de los riesgos asociados al cambio climático como la DANA ocurrida en la zona central que ha dejado varios muertos y numerosos daños en infraestructuras y hogares. Por otro lado, se han detectado varios casos de Virus del Nilo en España este verano, con una víctima mortal.

Virulencia en Canadá, Hawái o Grecia

Aunque, en cuanto a mortalidad y daños asociados a estos fenómenos extremos, el verano de 2023 no ha sido excesivamente catastrófico en España, lo ocurrido en otras zonas geográficas nos confirma que el cambio climático es un proceso global y con fenómenos extremos que ocurren cada vez más frecuentemente y con mayor virulencia. Basta con recordar los devastadores incendios forestales en Canadá o las inundaciones ocurridas en la costa este de Estados Unidos. Un "comienzo inusualmente temprano y agresivo" de la temporada de huracanes en el Atlántico.

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Un devastador incendio forestal en la isla hawaiana de Maui, alimentado por el calor y los vientos ciclónicos, que prácticamente destruyó una ciudad histórica. En Grecia, las olas de calor, la sequía, los incendios forestales demoledores y unas históricas inundaciones mortales han dejado el país destrozado. Los daños relacionados con la agricultura en este país suponen la pérdida de una cuarta parte de la producción durante este año y lo peor es que la erosión y los sedimentos originados en los campos de cultivo suponen que deberán pasar entre 9 y 10 para recuperar su fertilidad, lo que está produciendo una enorme migración poblacional interna.

La reserva agrícola de la UE no está preparada para hacer frente a crisis de esta magnitud. No se puede olvidar que posteriormente en Libia, las muertes por las inundaciones producidas por el ciclón Daniel arrojan un balance provisional de más de 11.000 y se teme por brotes de enfermedades infecciosas que podrían hacer aumentar esta cifra.

Del cambio climático a las zonas de bajas emisiones (ZBE)

Por otro lado, en nuestro país existe un proceso sinérgico entre las condiciones atmosféricas que se ven favorecidas por el cambio climático y los niveles de inmisión de los contaminantes atmosféricos generados en las ciudades a través de dos factores. Por un lado, el aumento de las situaciones de advección del polvo del Sáhara que no solo produce un incremento en las concentraciones de material particulado en la atmósfera, sino que también se relaciona con el aumento de otros contaminantes como dióxidos de nitrógeno y ozono troposférico.

Además, el cambio climático provoca que el anticiclón de las Azores sea cada vez más extenso e intenso, promoviendo situaciones de estancamiento y bloqueo atmosférico que impiden la adecuada dispersión de estos mismos contaminantes de origen antrópico emitidos en las ciudades.

Este proceso de simbiosis entre la contaminación atmosférica química y el cambio climático llega también hasta las fuentes de emisión, que en una gran ciudad coinciden, siendo los vehículos de combustión interna emisores tanto de CO₂ como de otros contaminantes primarios. Las zonas de bajas emisiones (ZBE) propuestas en la legislación tienen, por tanto, beneficios a escala local (disminución de la carga de morbilidad y mortalidad atribuible a la contaminación atmosférica) y a escala global por la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Conviene recordar que aproximadamente el 10 % de las emisiones de CO₂ producidas en España se relacionan con el tráfico urbano.

Cuestionar o revertir la puesta en marcha de este tipo de medidas en las ciudades de más de 50.000 habitantes no es solo perjudicar la salud de la población, sino que también supone un retroceso importante en los procesos de mitigación del cambio climático.

La necesidad de dar una respuesta integradora

Hemos descrito hasta ahora la complejidad del fenómeno al que nos enfrentamos, especialmente desde el punto de vista de la afectación a la salud. El tipo de actuaciones llevadas a cabo hasta el momento parecen ser acciones individuales que abordan un riesgo concreto de forma aislada. Por ejemplo, los planes de prevención frente a las altas temperaturas del Ministerio de Sanidad no contemplan que cuando se produce una ola calor también hay incremento de la contaminación atmosférica, una exacerbación de los procesos de sequía con sus impactos en salud asociados y, además, la mayor probabilidad de ocurrencia de incendios forestales, que también tienen efectos en la morbi-mortalidad por causas respiratorias y circulatorias a corto plazo, junto a otras consecuencias a largo plazo como el incremento del riesgo de enfermedades de salud mental asociadas a estos fenómenos.

Desde el punto de vista de los impactos en salud del cambio climático, queda de manifiesto que sus efectos van mucho más allá que la pérdida de vidas relacionadas solamente con las altas temperaturas y que los planes de prevención y gestión ante estos riesgos deben integrar al menos los ya descritos si se quieren abordar adecuadamente.

Al igual que las actuaciones tienen que ser integradoras, los organismos de la administración implicados también son varios y deben trabajar de forma coordinada. Es necesario, por ejemplo, que al Ministerio de Sanidad se le sume el trabajo de Aemet (MITERD) a través de sus previsiones del sistema Meteoalerta, lo cual está siendo fundamental en la monitorización de los eventos meteorológicos extremos.

No solamente son necesarios los procesos de gestión del riesgo, también la investigación sobre los efectos en salud de los eventos descritos está resultando clave para cuantificar impactos e identificar grupos poblacionales de especial vulnerabilidad y mejorar por tanto los planes de prevención que para el caso de las altas temperaturas están traduciéndose en una disminución de la mortalidad asociada.

Dentro de este contexto, el pasado 18 de julio, el Consejo de Ministros aprobó la creación del Observatorio de Salud y Cambio Climático (OSCC) como organismo multidisciplinar para abordar principalmente la minimización de riesgos e impactos y trabajar en los procesos adaptativos. La gravedad y complejidad de los problemas asociados al cambio climático hace que sea urgente su puesta en marcha. Dotarlo de una estructura estable e independiente se hace imprescindible si se quiere proteger de forma eficaz la salud de la población actual y futura.

Cristina Linares Codirectora de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III

Julio Díaz Codirector de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III

Este artículo ha sido facilitado por el SMC España

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