Sociedad

El Papa propone elevar a 16 años la edad mínima de la mujer para casarse

En España ya es así, tanto para hombres como para mujeres, desde 2015.

El Papa propone elevar a 16 años la edad mínima de la mujer para casarse
Efe

El Papa Francisco ha propuesto elevar a 16 años la edad mínima de la mujer para contraer matrimonio. Este es uno de los 21 puntos de reflexión que ha planteado el Pontífice a los presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo este jueves 21 de febrero durante la primera sesión de la Cumbre antipederastia que se celebra en el Vaticano.

En la actualidad, según el Código de Derecho Canónico, la edad mínima para casarse es de 14 años para la mujer y de 16 años para el varón. En España, por ejemplo, la edad mínima para contraer matrimonio es de 16 años tanto para los hombres como para las mujeres. Es así desde julio de 2015 cuando la Ley de Jurisdicción Voluntaria elevó esta edad mínima. Hasta entonces, el juez podía autorizar casarse a los 14 años.

Entre los puntos de reflexión que ha sugerido el Pontífice a los participantes de la Cumbre del Vaticano también destacan entre otros: Informar a las autoridades civiles sobre los abusos sexuales a menores; deliberar que los sacerdotes y obispos culpables de abuso sexual a menores abandonen el ministerio público; o efectuar una evaluación psicológica por expertos cualificados a los candidatos al sacerdocio o a la vida religiosa.

También ha propuesto elaborar un "vademécum práctico" en el que se especifiquen los pasos a seguir ante los casos de abusos; instituir "allí donde aún no se ha hecho", un órgano que goce de autonomía con respecto a la Iglesia y compuesto por expertos para que las víctimas puedan denunciar eventuales delitos; y establecer protocolos específicos para la gestión de las acusaciones contra los obispos.

Asimismo, el Papa insiste en la necesidad de acompañar, proteger y cuidar a las víctimas y de "incrementar la conciencia" de las causas y de las consecuencias de los abusos sexuales a través de iniciativas de formación permanente de obispos, superiores religiosos, clérigos y agentes pastorales.

Igualmente, propone consolidar la colaboración con los medios de comunicación "para poder reconocer y discernir los casos verdaderos de aquellos falsos, las acusaciones de calumnias".

Por otro lado, sugiere facilitar la participación de expertos laicos en las investigaciones; salvaguardar el principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad del acusado --evitando que sean publicadas las listas de los acusados--; e indicar las normas que rigen el traslado de un seminarista, sacerdote o religioso de una diócesis o congregación a otra.

También plantea formular códigos de conducta obligatorios para todos los sacerdotes, religiosos, personal de servicio y voluntarios, sobre las relaciones personales; e ilustrar toda la información sobre cómo reconocer los signos de abuso y cómo denunciar las sospechas, en colaboración con padres, profesores y autoridades civiles.

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