Los pacientes podrán tratarse en las mutuas de las bajas traumatológicas

La ministra de Seguridad Social anuncia un acuerdo para que las mutuas diagnostiquen, colaboren y curen este tipo de dolencias para agilizar el colapso en la sanidad pública

Elma Saiz protagoniza un desayuno informativo de Europa Press
Elma Saiz protagoniza un desayuno informativo de Europa Press
E. P.

Las Mutuas pasarán a diagnosticar, controlar y curar a los pacientes que estén de baja a consecuencia de una dolencia de origen traumatológica "más pronto que tarde". Así lo avanzó este jueves la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, durante un desayuno organizado por Europa Press.

Saiz anunció que ya ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos y la patronal, en la mesa tripartita de pensiones que se reúne cada lunes, para que las mutuas cobren un papel protagonista en este tipo de bajas, que se cogen cada año más de un millón de trabajadores, y colaboren en mejorar su gestión y, sobre todo, en agilizar sus tratamientos y reducir así los tiempos de recuperación ante el colapso que hay en la sanidad pública. "Las mutuas son parte del sistema y todo lo que sea ayudar al sistema sanitario es buena noticia", explicó Saiz, quien señaló que "pronto será una realidad".

El ministerio ha puesto ya encima de la mesa un texto para llevarlo a cabo y prepara el convenio de colaboración que deben suscribir las comunidades autónomas, ya que la sanidad es competencia autonómica, para derivar a las mutuas estos procesos de origen traumatológicos, siempre y cuando el paciente afectado dé su consentimiento y con el objetivo final de facilitar un recuperación más rápida de la salud del trabajador.

Lo que en ningún caso podrán hacer las mutuas es dar las altas, algo que solo podrá hacer el médico de la Seguridad Social, pese a que las mutuas llevan tiempo pidiendo poder hacerlo también. Estas podrán hacer un informe en el que se indique que el trabajador ya está listo para recibir el alta, pero deberá ser supervisado por un médico de la sanidad pública.

Esta nueva forma de proceder en los procesos de incapacidad temporal busca también reducir ya no solo los tiempos de baja en los que está el trabajador, sino el gasto que ocasiona a la Seguridad Social, que se ha disparado en los últimos años y representa ya el segundo más elevado tras las pensiones.

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