En una decisión inesperada, Pedro Sánchez ha anunciado que anula su agenda durante cinco días para decidir si «merece la pena» continuar al frente del Gobierno. Este anuncio, realizado inadecuadamente a través de la red X, llega tras la apertura de diligencias judiciales contra su esposa por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción. La decisión abre un inusual periodo de interinidad en el país. La responsabilidad institucional del presidente debe estar por encima de su estado de ánimo. No puede convertir asuntos políticos en afrentas personales ni puede volver a dividir al país en dos bandos. Su obligación es pensar en la estabilidad de España y en el bienestar de los ciudadanos.

El presidente del Gobierno ha acusado a la «derecha y la ultraderecha» de montar una campaña contra su esposa tras las elecciones del pasado 23 de julio. En ese espectro incluye al denunciante, la polémica organización Manos Limpias, y a los medios de comunicación que han publicado los contactos de Begoña Gómez con empresarios, como el aragonés Carlos Barrabés. Vuelve a activar así la estrategia frentista con la que movilizó a su electorado en las elecciones generales de hace nueve meses que, aunque no le garantizó la victoria en las urnas, sí le permitió forjar una controvertida alianza para mantenerse en la Moncloa. Sin embargo, Pedro Sánchez, acostumbrado a movimientos inesperados, siembra ahora dudas sobre su permanencia en una situación muy distinta. Por una parte, ha cedido a los independentistas catalanes con una ley de amnistía que él mismo había asegurado que no tenía cabida en la Constitución. Por otra, en su partido y en su entorno personal se ve acosado por casos de presunta corrupción, lo que le erosiona especialmente porque fue la corrupción del PP la que le llevó al Gobierno a través de una moción de censura contra Rajoy. Arrastra, además, otros asuntos peliagudos como el caso de espionaje Pegasus.

Está previsto que el próximo lunes desvele sus planes, que pueden ir desde mantenerse en el puesto a anunciar elecciones anticipadas o convocar una sesión de investidura en el Parlamento con otro candidato, que ni siquiera debería ser diputado. Lo importante en este momento es que no juegue de nuevo a cambiar el paso a todos, sino que se esmere en mejorar la gobernabilidad del país.