Jornada laboral, ¿quién paga la fiesta?
Nos encantan los ránquines autonómicos. Escrutamos la posición de la Comunidad en todo tipo de áreas: quién arrastra menos deuda, quién encabeza las subvenciones europeas, qué región lidera la construcción de viviendas, quién practica más deporte, quién consume más fruta, qué pueblos son más longevos.
No hay asunto que no pueda someterse a un escrutinio de ordenadas y abscisas, a una comparación con la media europea, el otro tótem para medir la temperatura de nuestro progreso.
No podemos sustraernos de la capa de chovinismo que nos envuelve y que, en ocasiones, también blandimos cuando lideramos cualquier gráfico por muy banal que parezca. Miramos con orgullo lo que nos refuerza como Comunidad frente a nuestros vecinos, lo que no deja de ser un sesgo cognitivo sobre nuestra decisión de vivir en la tierra prometida, allí donde estemos.
Nos hemos subido a la última estadística al hilo de la propuesta del PSOE y de Sumar de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, sin diferenciar comunidades, regiones, provincias, municipios, comarcas o pedanías. Todos de una tacada y porque sí, sin establecer una distinción por sectores económicos y sin un estudio de las consecuencias de una medida que supuestamente nos quiere colocar en un estadio avanzado con el propósito de obtener una mejor conciliación, algo loable. Quieren, en definitiva, que con esta estadística también saquemos pecho. Pero ni Sánchez ni Díaz leyeron en su flamante presentación del pacto la letra pequeña: ¿quién pagará la reducción sino los propios trabajadores y los empleadores?, ¿cómo va a afectar al crecimiento en un país con una limitada productividad?, ¿cómo afrontarán las pymes un trágala que condiciona la organización de sus negocios y trastoca sus presupuestos? Y lo más inquietante, ¿cuál va a ser el efecto real, a corto y largo plazo, en el mapa del empleo en Aragón? Si el límite legal se reducirá a 37,5 horas, ¿cuál será el efectivo y real?
La Administración Pública aragonesa, por ejemplo, decidió rebajar una hora la carga lectiva a los profesores a finales del año pasado. Podría parecer algo menor. Sin cuestionar las razones, la realidad es que tal decisión va a costar a los contribuyentes de la Comunidad la nada despreciable cifra de 50 millones de euros al año. En el sector público aragonés, 12.000 de los 44.000 empleados ya trabajan 35 horas y los sindicatos, en su inalienable derecho, exigen una extensión de la medida a todo el sector, desde la justicia a la sanidad. Regresamos a la pregunta: ¿Lo podemos pagar? Salvo que el presidente, Jorge Azcón, decida abrir la peligrosa puerta de la deuda, la respuesta parece clara si no existe un acompañamiento del crecimiento económico, de los ingresos y un cambio radical en las fuentes de financiación autonómica. ¿Pero puede lograrse todo ello sin un aumento de la productividad, es decir, sin una mayor eficiencia en la producción y una mejora de la competitividad?
El mercado laboral aragonés se halla en un momento crucial. Con una tasa de paro que ya ha bajado de los dos dígitos, aunque sigue siendo elevada sobre todo entre los jóvenes, el empleo puede robustecerse si se conecta el modelo educativo con las necesidades de las empresas ante un horizonte esperanzador con la implantación de las grandes multinacionales tecnológicas y la posibilidad de la instalación de una fábrica de baterías. En ese mismo contexto, un reciente estudio del Consejo Económico y Social sobre la estructura ocupacional de Aragón constata las oportunidades y los riesgos de la alta automatización futura en algunos sectores, con la implantación del ‘big data’ y de la inteligencia artificial, que o bien sustituirán o cambiarán sustancialmente el empleo en sectores como el primario, la hostelería y la industria manufacturera en los próximos años. Si Aragón sabe adaptarse a esta realidad con nuevos trabajos que aporten valor añadido y con profesionales bien cualificados, quizá los objetivos podrían establecerse sobre otras bases. En este momento, la situación dista mucho de lo deseable: de los 522.000 contratos registrados en 2022, más de 340.000 corresponden a trabajadores que solo han cursado la educación primaria o la primera etapa de la secundaria.
La reducción de la jornada laboral no debería disociarse de un debate exhaustivo sobre la realidad económica de Aragón y el empleo. Solo así, y si logramos unos resultados óptimos, podremos liderar las mejores estadísticas en el ranquin nacional e incluso europeo.
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