La ley por el derecho a la vivienda
Los medios de comunicación, en general, anunciaron que Sánchez había sacado adelante junto con ERC y con Bildu la primera Ley de Vivienda estatal de la democracia. Para comprobarlo he acudido a su lectura en el BOE y resulta que esta afirmación no es cierta.
Esta norma recién publicada es un conjunto de disposiciones teóricamente encaminadas a la protección del inquilino, a frenar el encarecimiento de alquileres y otra serie de finalidades cuya enumeración junto con las modificaciones de múltiples leyes y normas no es posible en un breve artículo; pero está claro que su objeto parece ser llevar a la práctica la larga colección de promesas que en este periodo claramente preelectoral ha ido soltando, en cascada, el presidente en todos los actos y lugares posibles sin contar con la terrible deuda pública de España y su exagerado porcentaje de déficit.
La realidad es que en el momento actual en España ningún partido político puede formular una auténtica Ley de Vivienda, porque al estar atribuida la competencia integral en materia de vivienda a las comunidades autónomas, que en su día fue fijada en sendas resoluciones del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, solamente con un pacto entre los dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP, podría conseguirse tal posibilidad. Sin ese consenso cualquier comunidad podría hacer fracasar la citada ley en virtud de sus propias competencias. Porque sabemos que en el fondo de todo subyace la cainita oposición de los dos grandes bloques políticos, trufada con la envenenada intervención de los independentistas.
Necesitaríamos unos políticos de la calidad humana que han demostrado los alemanes, que han sido capaces desde el 2005, año en el que supieron encontrar acuerdos entre los socialdemócratas (izquierda) y la Unión Cristianodemócrata (derecha), a veces con el complemento de algún otro partido, y que han repetido en otras elecciones en 2009 y 2021. En España solamente hemos conseguido en los políticos ese superior espíritu en busca del interés general, del bien común, por encima de los intereses partidistas, en el mágico momento de la Transición (tan alabada mundialmente), plasmado en nuestra Constitución de 1978, piedra angular de nuestra democracia que los independentistas quieren dinamitar con las facilidades que les concede formar parte del actual gobierno Frankenstein creado por Sánchez o ser socios de él.
Por todo ello yo me permitiría hacer las mismas sugerencias que dejé sentadas en HERALDO el 26 de abril de 2021 (‘El alquiler de viviendas en España’) al Gobierno que resulte de las próximas elecciones generales, cualquiera que sea su color político, para intentar resolver el grave problema del arrendamiento de viviendas en España. Aunque siempre habrá necesidad de aumentar en grado muy elevado nuestro parque público de viviendas sociales, que es de los más bajos de Europa, para quienes de ninguna forma pueden conseguir una vivienda en régimen de arrendamiento
