Huelga LAJ y consecuencias
Los secretarios judiciales o letrados de la Administración de Justicia (LAJ) llevan de huelga desde el 24 de enero, con unos efectos desastrosos que pueden complicarse de cara a las elecciones del 28 de mayo pues deben actuar como secretarios en las juntas electorales ya a primeros de abril.
Piden que se cumpla el acuerdo con el Ministerio de Justicia de abril de 2022 y equiparar su sueldo al 85% de lo que cobran jueces y fiscales. A día de hoy la huelga supone más de 270.000 juicios y vistas suspendidos ‘sine die’, más de 350.000 demandas paradas y 1.000 millones de euros públicos congelados en los juzgados por pagos, indemnizaciones, pensiones, etc., sin entregar.
Nuestro sistema judicial lleva años saturado y el retraso en los procedimientos siempre ha sido un perjuicio para los usuarios y ahora se añaden injustamente los retrasos y supresiones causados por esta huelga, sabiendo además que cuando acabe hará falta todo un año o más para ponerse al día; o sea, más perjuicio e impotencia para los afectados. La huelga de trabajadores es un derecho incuestionable, y el principio de la política debe ser el diálogo. El Gobierno tiene la ineludible responsabilidad de sentarse a hablar y negociar sin tardanza la solución.
La huelga de los LAJ no es uniforme y afecta a los juzgados de modo distinto; debería facilitarse información previa de qué asuntos se suspenden, qué juzgados están parados y sus cancelaciones para evitar desplazamientos y gastos inútiles de las partes. Pero no se hace y el usuario se entera una vez personado al juzgado sin remedio, y las consecuencias de esa desconsideración recaen en las personas: profesionales de la abogacía y despachos que no pueden facturar y ciudadanos desesperados pendientes de resoluciones vitales como pensiones alimenticias, desahucios, accidentes, despidos, subvenciones, etc.
El derecho a luchar por las propias reivindicaciones se ve empañado cuando se aprovecha la forma de lucha que es la huelga para hacer un daño que sólo castiga a los usuarios. ¿Cuánto aguantará nuestro sistema judicial sin que el Gobierno decida de una vez dialogar y buscar solución?
