Fondos europeos y transparencia

Sede de la Comisión Europea en Bruselas.
Sede de la Comisión Europea en Bruselas.
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España ha tenido examen de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que analiza el reparto de los fondos del plan de recuperación por la covid. 

Europa exige más transparencia al Gobierno español, ya que los sistemas de control sufren retrasos, excesiva burocracia y poco diálogo con los gobiernos autonómicos. Fuera del comunicado pactado, no se han revelado detalles de las reuniones de la Comisión con miembros del Gobierno, consejeros autonómicos, periodistas y agentes de la patronal, sindicatos, sociedad civil y consultorías. España es el segundo país que recibe una mayor cantidad de fondos: 177.000 millones de 2021 a 2027, casi la mitad en subvenciones y la otra mitad en préstamos. Han llegado ya 31.000 millones y pronto una nueva entrega de 6.000, y los ciudadanos siguen sin tener datos reales sobre cuánto se lleva gastado o aplicado a reformas o inversiones, lo que se afea en el informe de la Comisión, que además pide al Gobierno que la información sobre los proyectos se publique de modo más accesible y estructurado. La visita a España ha sido tras la reforma del delito de malversación, que causó alarma lógica en Bruselas, y por ello Europa conmina al Gobierno a no tolerar la corrupción y que ello quede garantizado sin excepciones en la legislación. Hace un mes, la Organización Transparencia Internacional alertaba de que en España ha crecido la corrupción y ha empeorado la lucha contra esos delitos

Lejos de países europeos que encabezan la lista de los menos corruptos como Dinamarca, Finlandia, Alemania, Nueva Zelanda y Francia, España está en el mismo puesto 35 que Botsuana y Cabo Verde en África y San Vicente en Caribe. Siguen saliendo a la luz tramas de corrupción y fraude pero las luchas entre partidos desvían la percepción de los problemas del país, y es peligroso que los ciudadanos no consideren la transparencia como esencial en un Estado y la lucha contra la corrupción como una obligación primordial del Gobierno. ¿Llegaremos a conocer con la suficiente transparencia algo tan esencial como quién recibe los fondos europeos, cuánto y en qué se usan?

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