SOS de la industria aragonesa
El encarecimiento de la energía se ha convertido en el peor de los obstáculos del tejido productivo de la Comunidad, que reclama a las instituciones más apoyo ante un otoño y un invierno que se plantean muy complicados.
Intento huir siempre del catastrofismo del que hablan, interesadamente o no, muchos representantes políticos y a veces también de sindicatos y de otras organizaciones que trabajan en el ámbito de la actividad económica. Ya antes de empezar oficialmente el verano escuché voces que avisaban de que nos esperaba en otoño una especie de «apocalipsis económico» que ¡ojo!, no se ha producido en Aragón al menos de momento, como indican las cifras del paro registrado, pero del que de alguna forma han empezado a avisar dirigentes de patronales y directivos de compañías fundamentales en la Comunidad.
Llama la atención que un grupo poco proclive a la queja como Saica, que se ve cómodo trabajando en la discreción, haya alzado la voz para protestar por los efectos que está teniendo en su producción el incremento de los precios del gas de un 300% y que reclama al Gobierno central una actuación urgente que le ayude a sobrellevar mejor esta situación. La compañía papelera zaragozana ha tenido que parar la actividad de tres de sus cuatro plantas de cogeneración (las que tiene en El Burgo de Ebro) porque no le sale a cuenta mantenerlas en marcha. Sin el apoyo oficial que sí tienen las fábricas de ciclo combinado, mantiene activa una (la del Picarral, en Zaragoza) y la producción de papel ha caído ya un 10%.
La pérdida de competitividad por falta de diligencia política para rebajar los costes energéticos en España no es nueva. Ya hace unos años, Antonio Cobo, entonces director general de la planta de Opel España en Figueruelas (hoy de Stellantis), elevó una protesta al Ejecutivo para que adoptara medidas que permitieran que la factura de electricidad y gas de la industria se redujera. Francia, Alemania o Polonia, precisaba, pagaban menos por ese concepto. A Cobo apoyaron en su reivindicación –hablamos del año 2013– la propia Saica, Casting Ros, Arcelor y Cemex, entre otras empresas.
Enrique de Yraolagoitia, director general del grupo papelero aragonés, incidía hace unos días en la misma cuestión y recordaba que la compañía exporta el 50% de lo que fabrica en España, porcentaje de actividad que le saldría más rentable –si esta situación se prolonga en el tiempo– llevar a otros países donde cuenta también con factorías de papel. Deslocalizar producción es, por tanto, la alternativa de esta y otras multinacionales como las mencionadas antes, y eso tiene una consecuencia clara: la pérdida de puestos de trabajo.
En este escenario, los próximos días pueden ser muy importantes. El Ministerio de Transición Ecológica está recibiendo propuestas de todas las comunidades autónomas para elaborar el paquete que llevará a Bruselas para pergeñar un plan de contingencia que permita a los países de la Unión Europea hacer frente a los desafíos que tendremos en otoño y en invierno en materia energética. Entre los efectos de la invasión rusa de Ucrania está la estrategia empleada por Vladimir Putin para responder a las sanciones dictadas por Occidente contra su país. El autoritario líder político está ejerciendo el poder que tiene como exportador de gas, especialmente hacia el centro y el norte de Europa, a modo de arma de guerra.
La industria española, y la aragonesa por extensión, sigue en marcha reduciendo márgenes para compensar el encarecimiento de sus costes energéticos. Todo ello mientras continúa enfrentándose a problemas que se prolongan en el tiempo, como la falta de chips semiconductores procedentes de Asia, contratiempo que está obligando a parar continuamente a las fábricas de automóviles, entre ellas la de Stellantis en Zaragoza, y a veces también a las de otros sectores como el de los electrodomésticos. Asimismo, la falta del personal que necesitan para seguir en marcha sigue siendo un problema pese a la tasa de paro que tenemos, si bien más problemático será para muchas empresas negociar las subidas salariales que reclamarán sus representantes sindicales para conseguir que los trabajadores no pierdan más poder adquisitivo como consecuencia de una inflación que se mantiene por encima de los dos dígitos.
