Pasaporte obligatorio con dudas
La situación de la pandemia vuelve a ser en Aragón preocupante, y el Gobierno autonómico ha optado por imponer el pasaporte covid, incluso sin respaldo judicial, para evidenciar al menos una reacción ante el aumento de los contagios.
Pero hay muchas incógnitas tanto sobre la legalidad de la medida como sobre su aplicación práctica. Y, sobre todo, cabe dudar de que sirva realmente para contener la difusión del virus.
A pesar de no haber obtenido el respaldo del Tribunal Superior de Justicia, el Gobierno de Aragón ha decidido que se empiece a exigir de inmediato el pasaporte covid para acceder a los locales de ocio nocturno, a todo tipo de celebraciones en lugares públicos y a actos masivos. La decisión se toma ante un aumento de los contagios -y en menor medida de los ingresos hospitalarios- que vuelve a ser preocupante, a pesar del alto porcentaje de la población aragonesa que ya está vacunada. Las autoridades autonómicas eluden así la reintroducción de restricciones en los aforos o los horarios de la hostelería que serían claramente impopulares, especialmente en un momento en el que buena parte de la ciudadanía está llevando ya una vida de relación social bastante próxima a la normalidad. Y cuando, por cierto, las empresas del sector hostelero siguen pendientes, por problemas administrativos, de recibir las ayudas comprometidas. Sin embargo, la legalidad del pasaporte covid sigue estando en el aire, a falta de un marco normativo sólido; y su aplicación puede encontrarse con dificultades prácticas -verificación y control del documento- ante las cuales la DGA no ofrece soluciones a las empresas. Por otro lado, es dudoso que el requisito del pasaporte covid sea suficiente para frenar los contagios, por lo que el Gobierno autonómico debería valorar seriamente la posibilidad de tomar medidas mejor contrastadas antes de que lleguen las celebraciones navideñas.
