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tribuna

Mucho que decir

Por
  • Eduardo Navarro Villarreal
OPINIÓNACTUALIZADA 02/06/2021 A LAS 05:00
Borraja cultivada en el barrio de Montañana de Zaragoza por los hermanos Mené
'Mucho que decir'
Francisco Jiménez

Hace poco más de un año vivimos la revuelta de los tractores, por la crisis de precios en la agricultura y la ganadería, ahora estamos otra vez en las calles y carreteras por las amenazas de la PAC. 

Estamos reivindicando una PAC con agricultores y ganaderos y exigiendo que los precios de los productos agrarios cubran al menos los costes de producción. Esto, que parece de sentido común, hoy no se da y esa es la principal razón por la que se está bloqueando el relevo generacional en el campo y la incorporación de jóvenes a la agricultura. Las cosas deben cambiar, porque esta situación no es sostenible.

Hay muchas políticas que condicionan el futuro de la agricultura y la ganadería, no solo la PAC. Un 7% de macroempresas y fondos de inversión acaparan más del 45% del incremento del valor productivo del campo. Son multinacionales que representan un modelo agrícola ajeno al social y profesional y amenazan, con su posición dominante, la continuidad de las explotaciones independientes. En Europa, alrededor de una treintena de fondos de inversión manejan 24.000 millones de dólares; y están en España y en Aragón. ¿Quién ha regulado para permitir a estos fondos, especuladores sin rostro, una posición dominante y para que sean sus intereses a los que se acomoda la legislación?

Cabría preguntarse, por ejemplo, a quién benefician los acuerdos comerciales suscritos por la UE con terceros países. Cada vez que se ha firmado uno de esos rimbombantes acuerdos, la agricultura europea ha sido la moneda de cambio. Merced a estos acuerdos, las empresas europeas del sector industrial, de servicios, constructoras etc., pueden operar en esos terceros países. A cambio, nos llegan productos agrarios importados por multinacionales de la distribución con los que es una ruina plantearse ni siquiera competir, porque competir con el trabajo esclavo de muchos de esos países, con las multinacionales que evaden impuestos, con la agricultura sin derechos, con unos estándares de calidad y seguridad alimentaria que o son mucho más flexibles o directamente no existen no puede ni debe plantearse. Con la alimentación no se especula y con el hambre menos todavía. Más de 900 millones de personas en el mundo pasan hambre. ¿Por qué no se garantiza la soberanía alimentaria, la concurrencia a los mercados locales de alimentos suficientes y la capacidad de todo el mundo de acceder a ellos?

Como UAGA y COAG reivindicamos un medio rural vivo, nosotros y nosotras, los del campo, el 99% vivimos en nuestros pueblos y tenemos derecho a políticas públicas (sanidad, educación, servicios sociales…) para el medio rural en buenas condiciones. El 50% de los polígonos industriales del medio rural están vacíos. ¿Por qué no se llevan a cabo políticas de inversión pública? ¿Es mejor tenerlos parados? Nuestros hijos e hijas tienen derecho a trabajar, a un empleo en nuestros pueblos.

Hoy el medio rural va sufriendo la sangría de la emigración. Mientras, los poderes públicos no son conscientes y no convocan, por ejemplo, plazas exclusivas para trabajar en el medio rural en profesiones como la enseñanza o la sanidad. De resultas, pocos sanitarios y docentes permanecen en los pueblos y nuestros servicios están infradotados. Esta sería una propuesta para acabar con la despoblación más allá de la publicidad y de las modas.

La opinión de agricultores y ganaderos y del mundo rural en general debe ser tenida en cuenta a la hora de diseñar todo tipo
de políticas públicas

La cuestión es que a los agricultores y agricultoras y a nuestras familias y nuestros pueblos, no solo debe importarnos la PAC, que también, sino muchas otras políticas. Tenemos derecho, por ejemplo, como UAGA-COAG a no ser excluidos de la negociación de los planes de reconstrucción post-covid, porque el medio rural tiene que estar presente. Sin embargo, el Gobierno convocó a todos menos a los sindicatos agrícolas, las cooperativas y los agentes representativos del medio rural.

La reconstrucción de la educación, la sanidad, la mejora de las carreteras, el diseño del transporte público... no se deben poner en marcha sin haber escuchado y tenido en cuenta a quienes vivimos en los pueblos todos los días. De lo contrario este proceso de reconstrucción tendrá unos perdedores. Y seremos nosotros.

La PAC es la única política común de la UE de obligado cumplimiento para todos los estados, por ello estamos obligados a garantizar la soberanía alimentaria y la seguridad de los productos para toda Europa. Con la covid nos declararon esenciales, porque producimos alimentos para todos. Estamos ante una oportunidad para participar en la reconstrucción de un futuro económico y social digno, también para los pueblos. Que esa reconstrucción no se haga solo con criterios ‘urbanitas’. Tenemos derecho a participar en las negociaciones, a que se escuche nuestra voz y, lo que es más importante, tenemos mucho que decir.

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