La reforma de la Constitución inesperada

El 15 de abril de 2004 se debatía en el Congreso de los Diputados la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. En una de sus intervenciones ante la Cámara baja, el político socialista manifestaba su intención de reformar la Constitución española de 1978. La reforma constitucional a la que instaba Zapatero hace más de siete años ha quedado en agua de borrajas, pero habrá una reforma antes de que el todavía presidente deje La Moncloa. Una reforma a la que le han hecho falta solo unos días de gestación para ser una realidad.

El Zapatero del año 2004 tenía claro qué puntos de la Constitución había que reformar. Eran cuatro: la supresión de la preferencia del varón a la mujer en la sucesión al trono, la recepción en la Carta Magna del proceso de construcción europea; la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas en el texto constitucional y la reforma del Senado.

Ninguna de estas materias se modificará bajo el mandato del presidente socialista pero sí habrá reforma constitucional, la que cambiará el artículo 135, que versa sobre la deuda pública, para poner un techo de déficit. La Constitución, según el acuerdo al que han llegado PP y PSOE, no incluirá la cifra que marque el límite: una ley orgánica, que tiene como fecha máxima para elaborarse el 30 de junio de 2012, fijará dicha cantidad.

Nuestra Carta Magna destaca por muchas cosas y una de ellas, nada positiva según algunos constitucionalistas, es la práctica imposibilidad de reformarla. Por eso, cuando Zapatero anunciaba sus pretendidas reformas, muchos tacharon la empresa de imposible: para llevarlas a cabo había que apostar demasiado.

Una reforma en más de tres décadas

Desde que se aprobara el 6 de septiembre de 1978, nuestra Constitución solo ha sido reformada una vez, en agosto de 1992. Esta reforma se llevó a cabo para adaptarla al Tratado de Maastricht, que España asumió como país miembro de la UE. La reforma del texto consistió en la inclusión de las palabras 'y pasivo' al artículo 13.2. La finalidad de la reforma era permitir que los ciudadanos extranjeros residentes en España pudieran presentarse a las elecciones municipales. Esta reforma también se hizo sin referéndum.

La Constitución española vigente contempla dos mecanismos de reforma en los artículos 167 y 168. El artículo 167 contempla el llamado proceso simple u ordinario de reforma, que para algunos constitucionalistas es el único posible. Este proceso se puede llevar a cabo si los cambios no afectan al Título Preliminar de la Constitución, al Capítulo II Sección 1ª del Título I y al Título II.

Si se quiere cambiar alguna de partes del texto normativo referidas, se ha de acudir al procedimiento agravado de reforma, regulado en el artículo 168. Este proceso contempla la disolución de las Cortes que autoricen la revisión del texto y la ratificación de la reforma de las Cortes Generales que tomen el relevo. En ambas votaciones se han de alcanzar mayorías de dos tercios tanto en el Congreso como en el Senado, lo que significa que el consenso entre diputados y senadores de todas las formaciones debe ser máximo.

No hay obligación de celebrar referendos

Mientras que diferentes colectivos de la sociedad claman por la celebración de un referéndum para que el pueblo apruebe o no la reforma que PSOE y PP han acordado, lo cierto es que en ninguno de los procesos de reforma se contempla la exigencia de celebrar un referéndum para recabar la opinión del pueblo soberano antes de iniciar los trámites de reforma. La celebración de un referéndum solo es obligatoria en el proceso agravado de reforma para ratificar esta una vez que ha sido tramitada en las Cortes. Esto es algo que han recordado estos días los candidatos de PP y PSOE a las elecciones del 20-N, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba.

Cuando Zapatero planeaba su ambiciosa reforma constitucional, pidió un informe sobre su pertinencia al Consejo de Estado que vio la luz el 16 de febrero de 2006. En él, esta institución resaltaba que parecía "haber llegado el momento de introducir en ella [en la Constitución] algunas modificaciones" para "situarla en disposición de servir a la España del siglo XXI". La pregunta que se hace gran parte de la doctrina jurídica de este país es si algún gobierno, alguna vez, observará estas recomendaciones y acometerá la realmente necesaria reforma constitucional.