La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, aseguró este lunes que el Gobierno ejercerá un control «especial» sobre los fondos que reciban los 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra gobernados por ANV para financiar obra pública municipal con cargo al fondo de 8.000 millones. Salgado confirmó que «todos los ayuntamientos» regidos por la formación ilegalizada han presentado proyectos. Hasta el momento han recibido la autorización que permite licitar las obras dos iniciativas del consistorio guipuzcoano de Mondragón, que por su población tiene asignados casi cuatro millones de euros, y otra de la corporación de Vera de Bidasoa (Navarra), al que corresponden más de 652.000 euros.

Salgado detalló que el Gobierno tiene previsto dar luz verde en los próximos días a otros tres proyectos solicitados por ayuntamientos 'abertzales', pues ya han recibido la validación de las delegaciones del Gobierno. El Gobierno paga por adelantado el 70% del coste de las obras, y el 30% restante una vez terminada y presentadas todas sus certificaciones. En ese sentido, la ministra avisó a las corporaciones regidas por ANV de que si durante la ejecución de los trabajaos incumplen cualquiera de los requisitos incluidos en el decreto ley que regula el fondo, no recibirán el dinero pendiente y tendrán que devolver el ya ingresado al comienzo.

La responsable de Administraciones Públicas detalló que una de las exigencias que establece el decreto ley consiste en colocar junto a las obras un cartel diseñado para publicitar que es el Gobierno de España quien paga la iniciativa. La memoria sobre la ejecución de los proyectos que todos los ayuntamientos tendrán que remitir al Ejecutivo una vez acabadas las obras deberá incluir una fotografía que demuestre que ese cartel fue colocado. Además, los delegados del Gobierno comprobarán que los paneles existen y están expuestos en lugares visibles.

Elena Salgado explicó que los proyectos presentados hasta la fecha por los ayuntamientos de ANV consisten, en general, en la pavimentación de calles y rehabilitación de entornos urbanos, y en la adecuación de un antiguo cementerio para su conversión en parque público. Los responsables de la formación 'abertzale' ilegalizada, señaló, «han presentado sus proyectos en las subdelegaciones del Gobierno, instituciones que no siempre respetan, y no lo han hecho con el DNI vasco, sino con la certificación digital española».