La crisis lamina la agenda social de Zapatero

El 5 de marzo de 2008, el antepenúltimo día de campaña antes de las elecciones generales, un José Luis Rodríguez Zapatero sonriente y sentado junto a Joaquín Sabina prometía en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a las decenas de deportistas, activistas y representantes del mundo cultural que le apoyaban una nueva legislatura pletórica en avances en los derechos sociales y las libertades públicas demandados por la izquierda española. Era su contrato con los electorales progresistas que cuatro días después le dieron una ventaja de más de un millón de votos sobre el PP de Mariano Rajoy.

Después de cuatro años con una larga agenda de logros -matrimonio homosexual, divorcio exprés, cheque-bebé, permiso de paternidad, leyes de igualdad, contra la violencia de género, de dependencia o de memoria histórica- el candidato socialista exhibía su seguridad.

Tres años y medio después, cuando hoy Zapatero apruebe el decreto de disolución de las Cortes y convoque elecciones, prácticamente todas las normas estrella de su agenda social se habrán quedado por el camino.

La ley de igualdad de trato y la de muerte digna formarán parte de los 18 proyectos gubernamentales que han decaído con el cierre del Congreso. Las otras dos grandes promesas, la ley de transparencia y acceso libre a la información de los organismos públicos, y la ley de libertad religiosa, ni siquiera llegaron al Parlamento. El borrador de la segunda duerme desde mediados de 2010 en un cajón de Presidencia y el anteproyecto de ley de la primera, después de múltiples parones, fue aprobado por el Consejo de Ministros, en un gesto para la galería, en la misma reunión del 29 de julio tras la que Zapatero anunció que el Congreso se cerraría en un mes por el adelanto electoral.

El sueño del presidente de pasar a la historia como el gran impulsor de los derechos sociales en España comenzó a quebrarse poco después de llegar a la Moncloa, cuando la crisis que había negado con insistencia mostró sus primeros síntomas inequívocos.

En 2009 ya solo tenía ojos para la política económica, entró en una paulatina fase de debilidad política y se percató de que en la cartera pública no había dinero para enfrentar ambiciosos proyectos sociales que exigirían de importantes inversiones o gastos para su puesta en marcha. Solo una norma de la agenda social se abrió paso, la ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo.

2010 fue el año del arrumbamiento definitivo de la agenda social. La crisis económica, que para entonces ya acumulaba cuatro millones de parados, colocó a España y a su Gobierno al borde del abismo con la entrada en escena de la crisis de la deuda, que forzó a Zapatero a recortar los sueldos de los funcionarios, a quitar el cheque-bebé, congelar las pensiones no mínimas, y a suprimir la desgravación por vivienda. El tremendo ajuste colocó para el otoño al PSOE a casi 10 puntos del PP y rompió casi todos los lazos con la izquierda social y política. Sus únicos socios parlamentarios eran los nacionalistas, pero solo para medidas anticrisis no para proyectos que, en algunos casos, chocaban con su ideología de centroderecha.

En ese escenario, la ley de libertad religiosa y la de transparencia informativa quedaron sepultadas. Ni siquiera fueron incluidas en el plan de choque legislativo (26 proyectos), con el que en noviembre de 2010, el futuro candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, recién ascendido a vicepresidente primero, quiso retomar la iniciativa política. En este programa de leyes prioritarias a aprobar antes del fin de la legislatura sí que estaban las de muerte digna e igualdad de trato, pero el incumplimiento de los propios plazos del plan y el adelanto electoral las condenaron a no pasar de la fase de enmiendas.