El Gobierno eleva el tono contra la exclusión de inmigrantes en Vic

José Luis Rodríguez Zapatero y dos pesos pesados de su Gobierno, la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, arremetieron con dureza este jueves contra la decisión del ayuntamiento barcelonés de Vic de negar el empadronamiento a los inmigrantes irregulares.

El presidente del Gobierno señaló desde la capital eslovaca, segunda etapa de la gira que empezó este jueves en Viena, que los inmigrantes sin papeles son "seres humanos" y, como tales, tienen "derechos". No quiso anticipar si su Gobierno tomará alguna medida, pero adelantó mantendrá una postura "firme" a la hora de defender la convivencia y la integración, que son las bases para "una buena convivencia democrática". Otra política, añadió, es "de corto alcance".

La vicepresidenta, a su vez, desautorizó por tercer día consecutivo la iniciativa del consistorio catalán. "Algún intento aislado de orillar la legalidad, ignorando esos derechos y esa voluntad de integración de todos que la ley consagra y dando marcha atrás en conquistas que son conquistas de ciudadanía, debe estar necesariamente condenado al fracaso", afirmó Fernández de la Vega en Barcelona, tras reunirse con el 'president' José Montilla. La 'número dos' del Gobierno socialista sostuvo que su opinión y no la actuación del equipo de Gobierno de Vic refleja el "sentir de la gran mayoría de los catalanes, de los españoles y de los europeos".

"Porque la integración y no la exclusión, el respeto y no el rechazo, son principios consustanciales con la propia razón de ser y existir de la UE y por supuesto son principios esenciales y razón de ser para el Gobierno de la nación y la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos", dijo. Y citando a Josep Pla, concluyó: "La frontera nuca debe ser un límite, sino una gran ventana abierta".

En la misma, Pérez Rubalcaba, como máximo responsable de la política de inmigración, calificó de "disparate" la controvertida reforma de los criterios del padrón en Vic. "Soy el encargado de combatir la inmigración ilegal y lo hago, consistentemente y a veces con conflictos y es verdad que sacamos muchos inmigrantes ilegales, los repatriamos, pero negarle la sanidad o la educación a los hijos me parece un disparate y una barbaridad", afirmó.

Mientras, la Generalitat se mostró menos enérgica en su rechazo a la iniciativa del municipio de la comarca de Osona, y dejó al descubierto que Gobierno central y Generalitat discrepan sobre cómo abordar la polémica surgida en torno al ayuntamiento de Vic. Si el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, advirtió el miércoles que podría acometer acciones legales contra el consistorio vicense, a la espera de lo que diga un informe de la Abogacía del Estado, la Generalitat descartó hoy llevar el asunto a los tribunales. Conscientes de que tanto ERC como el PSC forman parte del gobierno municipal de Vic, junto a CiU, el 'Govern' ha tratado en todo momento de eludir criticar la polémica decisión, y, en boca de su secretario de Inmigración, Isidre Amorós, "valoró" que el consistorio haya pospuesto esta medida hasta conocer un nuevo informe jurídico y celebrar un pleno municipal el 3 de febrero. El debate está "fuera de lugar", dijo este jueves el secretario de Organización del PSC, José Zaragoza. "No es precisamente ahora cuando tenemos un problema con la llegada de nueva inmigración", remató.

La presión sobre Vic, no obstante, no se queda en el Gobierno central y llegó también desde el mundo jurídico. Tanto el Consejo General de la Abogacía Española como las asociaciones de magistrados Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria denunciaron que la decisión del Ayuntamiento de Vic vulnera los derechos de los extranjeros y puede llegar a infringir "algún precepto de la legislación penal".