TRIBUNALES
El hostigador de Iglesias y Montero en su casa de Galapagar se sienta en el banquillo
La Fiscalía de Madrid pide tres años de cárcel a Miguel Frontera por el presunto acoso continuado contra la pareja y sus hijos menores en su domicilio en 2020.
Miguel Frontera, el hostigador de las protestas frente a la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero en 2020, será juzgado este lunes por un juzgado penal de Madrid por estos hechos. El individuo, que llegó a tener una orden judicial de alejamiento del domicilio de la candidata de Podemos a las elecciones europeas del 9 de junio, se enfrenta a tres años de prisión según el escrito provisional de la Fiscalía.
La acusación pública considera que Frontera se dedicó durante siete meses a acosar e injuriar de forma continuada al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y a su pareja, la ministra de Igualdad Irene Montero. Una circunstancia que provocó una alteración de su vida familiar diaria y de sus actividades "derivada de los ruidos constantes en horarios de descanso de niños de corta edad, así como la limitación de movimientos en compañía de los menores por temor a que presenciaran o escucharan expresiones ofensivas para ellos".
El fiscal del caso imputa a Frontera, que también se dejó ver en las protestas de la calle Ferraz de Madrid (sede central del PSOE) en contra la ley de amnistía con el atuendo del Capitán América, los delitos de injurias graves con publicidad a la autoridad, acoso y descubrimiento de secretos.
El escrito de acusación señala que entre el 15 de mayo y el 12 de diciembre de 2020, el procesado decidió mostrar su disconformidad con la gestión por parte del Gobierno de la crisis derivada de la pandemia "enfocando su malestar en las figuras" de Iglesias, Montero y sus tres hijos de corta edad.
A tal fin, Frontera, vecino de Brunete, acudió en varias ocasiones a las inmediaciones del domicilio familiar de los dirigentes de Podemos situado en Galapagar. En un principio, se limitó a sumarse a las concentraciones diarias que se producían al final de la tarde por parte de algunos ciudadanos, cacerola en mano.
Sin embargo, en pocos días "incrementó" su actividad comenzando a portar un aparato de música con altavoces en el que se reproducía con el volumen alto el himno nacional y a proferir insultos a Iglesias como "chepas", "garrapata" o diciendo: "No vamos a parar hasta que os vayáis a Venezuela", realizando caceroladas con las consiguientes molestias para los allí residentes.
En una de esta concentraciones, el 2 de junio de 2020 el acusado acudió portando una pancarta que exhibió ante los allí concentrados en la que había escrito: "Pablo Iglesias... hijo de terrorista". Un lema que portó los siguientes días 3 y 4, y a la que, el 5 de junio de 2020, añadió, en su cara posterior , otro texto dirigido contra la titular de Igualdad: "Irene Montero, ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas". Una pancarta con doble faz que portó hasta el 7 de junio en las concentraciones vespertinas.
Además, el 12 de julio siguiente Frontera acudió de nuevo al mismo lugar antes de la hora en que se producían normalmente las concentraciones. Quería evitar que se hubiese ya instalado el dispositivo de seguridad que se formaba alrededor del perímetro de la vivienda por parte de agentes de la Guardia Civil.
Así, aprovechó para acceder por el campo a la parte trasera de la propiedad, donde se encuentra una roca de gran tamaño a unos 10 metros de la misma. Se subió y, saltando los obstáculos visuales que suponen la existencia del muro perimetral que rodea a la vivienda y su vegetación, que alcanzan los tres metros de altura, pudo ver el porche trasero de la vivienda y parte del jardín, y comenzó a realizar una grabación de dicha zona con su teléfono móvil, hasta que fue sorprendido por los ocupantes de la vivienda, invadiendo la intimidad de los mismos, señala la Fiscalía.
El 17 de octubre de ese año, con ocasión del cumpleaños de Iglesias, el acusado se acercó de nuevo a su domicilio y, cuando el vicepresidente salía con sus hijos se acercó intentando llegar hasta él, lo que le fue impedido por parte de los agentes que allí se encontraban, pero al no conseguirlo le gritó delante de los niños "¡felicidades, hijo de puta!".
El 29 de diciembre siguiente, el Juzgado de Instrucción número uno de Collado Villalba acordó la medida cautelar de prohibición de aproximarse a la vivienda de Galapagar, a los lugares de trabajo o cualesquiera otros que estos frecuenten a una distancia inferior a 500 metros. La orden judicial ha estado en vigor hasta la celebración este lunes del juicio.
