La reducción de jornada se aplicará con retraso en sectores como el campo
Sindicatos y patronal negocian ciertas licencias para aquellas actividades más afectadas, también el comercio, la hostelería y algunas industrias
La reducción de la jornada laboral de las actuales 40 horas semanales a 38,5 horas no será una realidad antes de que termine el año en todos los sectores, pese a que el Gobierno se ha comprometido a ello en su pacto de investidura. Y, previsiblemente, 2025 tampoco terminará con todos los empleados españoles trabajando de media un máximo de 37,5 horas, otra de las promesas acordadas entre el PSOE y Sumar para esta legislatura. Habrá excepciones: algunos sectores, aquellos en los que más impactará y que más complicado tienen su aplicación, tendrán un margen mayor para cumplir con este recorte de horario.
Así al menos lo están negociando los sindicatos y la patronal, según ha podido confirmar en exclusiva este periódico. Los interlocutores sociales se sentarán de nuevo este jueves en la mesa del diálogo social bipartito -es decir, sin el Gobierno- para acordar "ciertas excepcionalidades" para aplicar la reducción de jornada en actividades como el campo, con toda seguridad, pero probablemente también la hostelería, el comercio e incluso algunas industrias, según informaron fuentes muy cercanas a la negociación.
Una de las licencias que quieren establecer es que la entrada en vigor se retrase, al menos unos meses, para estos sectores, puesto que tendrían muy difícil poner ya este año en operativo esta reducción de jornada. El campo, el comercio y la hostelería son los sectores que estarán más afectados por la reducción horaria, puesto que son los que tienen una jornada "más alta" que la del resto -según un estudio elaborado por CC. OO. y unos turnos establecidos que sería muy difícil reorganizar de la noche a la mañana. Y lo mismo ocurre en determinadas industrias que funcionan con turnos de ocho horas al día y sería un gran trastorno cambiarlos antes de que termine el año e incluso para 2025.
Por eso, la nueva ley que reducirá la jornada laboral tras más de cuatro décadas congelada en 40 horas previsiblemente incorporará unas disposiciones adicionales que fijarán unos meses más de margen para ciertos sectores y aplazará hasta más allá de 2026 su aplicación. Y no será esta la única excepcionalidad que quieren introducir en la futura norma los sindicatos y patronal, sino que además pretenden establecer una forma para poder distribuir la jornada en estas actividades de forma más flexible, como, por ejemplo, abrir la mano a que se puedan realizar más horas extras o complementarias en cómputo anual, para que no sea necesario contratar a más trabajadores, lo que para muchos autónomos o pequeñas empresas sería imposible.
De hecho, la Confederación Española de Comercio (CEC) considera "inasumible" este recorte y ya alertó de sus "nefastas" consecuencias en el sector, especialmente entre las empresas más pequeñas, a las que afectará de forma "desproporcionada". Incluso advirtieron de que supondría en la práctica una subida salarial encubierta equivalente al 6,25%.
Acuerdo "antes del verano"
Pero antes de acordar estas excepcionalidades, los sindicatos y empresarios tendrán que pactar cuántas horas deben trabajarse en cómputo anual para dejar la jornada en 38,5 horas este año y en 37,5 horas el siguiente. Lo que tienen claro es que quieren hacerlo ellos solos, sin la injerencia del Gobierno. Y el plazo que se dan para ello es hasta verano, según señaló recientemente el secretario general de CC OO, Unai Sordo. "Antes del verano habría que ver claramente si es posible transitar hacia un acuerdo tripartito o no", señaló. Si no fuera posible, exigirán al Gobierno que actúe.
