Cuando Garzón criticaba las puertas giratorias de González y Aznar
El exministro de Consumo señaló directamente a los expresidentes y a Zaplana y Morenés por saltar a la empresa privada tras abandonar sus puestos en el Gobierno.
Entre las aportaciones del 15M al diccionario de la nueva política en España se encuentra un concepto que no demasiados ciudadanos habían escuchado antes de 2011: puertas giratorias, traducción al castellano de las 'revolving doors' inglesas. Antes del 'no nos representan' existía, por supuesto, ese trasvase de altos cargos que se llevaban información y contactos de la actividad pública a la privada, pero fueron políticos como el exministro de Consumo Alberto Garzón, esclavo ahora de sus palabras de hace una década, los que denunciaron con vehemencia a aquellos dirigentes que, muchas veces sin tener los mínimos conocimientos del sector al que llegaban, salían de los ministerios para aterrizar en los consejos de administración de las multinacionales y en los lobbies con la única misión de influir y el premio de un sueldazo.
En 2014, al mismo tiempo que el 15M se planteaba llegar a las instituciones, Garzón, diputado de Izquierda Unida por Málaga y político emergente en el nuevo espacio a la izquierda del PSOE, dijo que las puertas giratorias son "la punta del iceberg" de todas las capacidades que tiene "el poder privado para chantajear a los Gobiernos". En una entrevista en el programa 'El Objetivo' de la Sexta, Garzón citó a cuatro altos cargos, los expresidentes Felipe González y José María Aznar y el exministro Eduardo Zaplana, que se habían lanzado a la carrera privada, y al entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, que llegó al Gobierno directamente desde varias empresas del sector armamentístico.
"¿Qué ocurre con Felipe González, con el ministro de Defensa (Morenés) o cuando el PP de Aznar privatiza Telefónica y se la vende a precio de saldo a determinadas redes clientelares que con el tiempo contratan a Zaplana?", dijo Garzón, señalando con el dedo a algunos de los protagonistas de los viajes de ida y vuelta que en aquellos días en que cayeron los velos de la opacidad más habían soliviantado a una opinión pública que todavía sufría los rigores de la Gran Recesión.
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En la Telefónica privatizada por Aznar apareció en 2008 Eduardo Zaplana, que había sido ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno entre 2002 y 2004. Primero como delegado para Europa y después como consejero de Telefónica O2 Europa y Telefónica O2 República Checa, Zaplana cobró aproximadamente 10 millones de euros de la operadora (uno de media por año). En 2018, después de que el también expresidente de la Generalitat Valenciana fuera detenido por la Guardia Civil acusado de los delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, la compañía decidió suspender la relación laboral.
El 'padrino' de Zaplana fue Aznar, que tras dejar la presidencia del Gobierno, ha desarrollado una amplia actividad en la empresa privada, pero quizá su cargo más polémico fue el de asesor externo de Endesa, una energética que finalizó su proceso de privatización en 1998, precisamente durante su mandato. Aznar fue consejero de Endesa, con un sueldo de 200.000 euros anuales, entre 2011 y 2014.
El tercero en discordia fue Felipe González, entre 2011 y 2015, consejero de Gas Natural Fenosa con una retribución anual de 127.000 euros. Cuando abandonó el cargo, el expresidente socialista realizó unas polémicas declaraciones. "Me interesaba conocer el tema de la energía, pero me voy no porque haya incompatibilidades, sino porque me aburro. Me hubiera ido mejor asesorando empresas con domicilio fiscal en las Islas Caimán", dijo entonces.
El recorrido de Pedro Morenés, el cuarto señalado del ahora caído Garzón, es diferente. La carrera de este empresario y político se compone, casi a partes iguales, de su labor en la función pública como secretario de Estado y luego como ministro de Defensa y de una amplia actividad en el sector privado, siempre relacionada con compañías de armamento, un vínculo denunciado por Garzón.
Una investigación realizada por los profesores de la Universidad de Málaga Elizabet Castillero-Ostio, Andrea Moreno-Cabanillas y Antonio Castillo-Esparcia y publicada en la Revista Española de Transparencia expone que en España se han dado desde el inicio de la democracia 245 posibles casos de puertas giratorias. La mitad de las empresas (exactamente el 50%) que han fichado a personal proveniente de la Administración Pública han sido energéticas, y muy por detrás de ellas se sitúan la consultoría, la banca, las telecomunicaciones o las compañías de comunicación.
Por partidos, el 45,97% de los 'colocados' había pertenecido al PSOE, el 34,6%, al PP, y el 5,21%, a UCD, aunque también hubo trasvase en Ciudadanos, Unidas Podemos, CiU, PNV y Alianza Popular.
La lista de puertas giratorias es casi interminable, pero otras que también saltaron a las portadas fueron, en el lado del PSOE, las de la exministra de Sanidad Trinidad Jiménez y el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, que ocuparon puestos de relevancia en Telefónica; Jordi Sevilla y Beatriz Corredor, exministros que luego fueron nombrados presidentes de Red Eléctrica (retribuido con más de medio millón de euros al año); o Elena Salgado, que de vicepresidenta con José Luis Rodríguez Zapatero saltó al puesto de consejera de la filial chilena de Endesa. En el lado del PP, la exministra de Exteriores Ana Palacio sigue siendo consejera de Enagás, con 190.000 euros de sueldo anual; Ángel Acebes fue consejero de Iberdrola y Bankia; Isabel Tocino, en el Banco Santander y Enagás; y Manuel Pizarro, en El Corte Inglés y en Endesa.
La alarma social suscitada por los casos más escandalosos ha forzado en la última década al Parlamento a endurecer las normas que regulan las puertas giratorias, vigentes las dos primeras desde 1984 y 2006. En 2013, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno estableció, por ejemplo, que debe existir un periodo de dos años para que los cargos públicos y los altos funcionarios pasen a empresas del sector que han supervisado. En 2015, la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado fijaba que los altos cargos debían presentar una declaración de bienes y actividades y contemplaba un duro régimen de incompatibilidades. Finalmente, el 8 de noviembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, que busca como objetivo regular las actividades de los lobbies.
