PSOE y Junts blindan sus negociaciones de nuevo en una legislatura de pulso en pulso

"No negociamos a través de los medios de comunicación". El secretario general de Junts, Jordi Turull, abandonó este miércoles alrededor de las 13.30 el número 40 de la Carrera de San Jerónimo, donde se había reunido durante hora y media con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ofreciendo la misma información sobre el contenido de la misma que cuando entró. Es decir, ninguna. El dirigente socialista directamente no compareció tras la cita ante los medios que estaban allí apostados y utilizó una salida alternativa del edificio para evitar las cámaras. "Ha sido una reunión de trabajo productiva, que haremos muchas. Tenemos mucho trabajo por hacer y lo queremos hacer bien", fue lo único que detalló el líder soberanista antes de emprender el camino de regreso a Barcelona.

Los representantes de ambas formaciones se habían citado en las dependencias auxiliares que se encuentran en la acera opuesta al Congreso, donde algunos grupos como el PNV o el propio Junts tienen sus despachos, apenas un día después de registrar por separado sus enmiendas parciales a la ley de amnistía (los junteros lo hicieron para exonerar actos de terrorismo) y una semana más tarde de que alcanzaran un acuerdo in extremis para que los de Carles Puigdemont no votaran en contra de los tres reales decretos leyes que se debatían en el Senado. Lo hicieron a cambio, entre otras cuestiones, de la delegación de las competencias de inmigración para Cataluña. Un asunto, este último, que aún divide a las dos formaciones por la interpretación de la letra pequeña. Cerdán fue tajante por la mañana y aseguró que "las competencias de inmigración quedarán aclaradas cuando se haga una ley orgánica". También quiso remarcar que "hoy no se va a cerrar ningún acuerdo".

Pero pocos más detalles han trascendido de una reunión sin luz ni taquígrafos. Turull tampoco aclaró si habló con Cerdán sobre el referéndum de autodeterminación en Cataluña, aunque al inicio de la reunión el número tres del PSOE aseguró que no iban a tratar ese asunto. Tampoco si sobre la mesa estuvieron las enmiendas a la Ley de Amnistía presentadas en la víspera o sobre las competencias de migración que el PSOE se ha comprometido a traspasar a Cataluña. Ni siquiera trascendió si se producirá otra reunión en el extranjero como la celebrada en Ginebra el pasado 2 de diciembre y en la que se conoció la identidad del verificador, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo.

A falta de datos concretos, siempre quedan las sensaciones. La más evidente, que Junts no será en esta legislatura el socio dócil que Sánchez esperaba cuando prometió la medida de gracia a los de Carles Puigdemont y a ERC a cambio de su apoyo a la investidura. El propio Turull afirmó el lunes que si no se acuerda un referéndum de autodeterminación "colorín, colorado". Una amenaza más que velada a la posibilidad sumar los votos de sus diputados a los de PP, Vox y UPN en una eventual moción de censura que bastaría para desalojar al dirigente socialista de la Moncloa de la misma manera que desembarcó en ella en junio de 2018. En este contexto de desconfianza mutua, las direcciones de ambas formaciones han optado por blindar estos encuentros.

El poder del 'creador de reyes'

Impredecible en sus movimientos o no, lo cierto es que Puigdemont también mira de reojo a las próximas elecciones catalanas y busca rentabilizar al máximo su papel de 'kingmaker' ('creador de reyes' en inglés, por su papel decisivo en la investidura). El objetivo es demostrar al electorado fiel al independentismo que son más útiles que ERC en su relación con el Ejecutivo central. Sobre todo, si arrancan a los socialistas algún compromiso relacionado con la autodeterminación.

De momento, Junts se ha colocado otra medalla con el compromiso -aún por determinar- de las competencias de inmigración y la idea instalada de que tienen la sartén por el mango. Mientras tanto, Esquerra se muestra como un socio más fiable para Sánchez. Todo mientras termina la cuenta atrás para que el punto de partida de la legislatura, la Ley de Amnistía, vea la luz verde. Se espera que esté lista a finales de abril o en mayo, con todas las dudas puestas en la aplicación de los jueces.

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