Junts exige ahora aplicar la amnistía a partir de 2011 y a delitos de "terrorismo"
Se descuelga de los socios y presenta una batería de enmiendas para intentar librar a Puigdemont de la causa por terrorismo y que la UE no pueda frenar la ley.
La unidad del Gobierno y sus socios de investidura en torno a la clave de bóveda de la legislatura, el trabajoso acuerdo que alumbró la ley de amnistía exigida por Junts y ERC para investir a Pedro Sánchez, ha durado apenas dos meses desde que el PSOE registrara el 13 de noviembre en el Congreso, en solitario aunque con el aval de los independentistas, la proposición para borrar las causas penales, administrativas y contables vinculadas al ‘procés’. Este martes, al límite del plazo para presentar las enmiendas parciales a la norma y seis días después de haber sometido a un calvario al Ejecutivo para salvarle sus decretos leyes a cambio de nuevas concesiones, Junts volvió a dar un manotazo al tablero al descolgarse del consenso y presentar una docena de objeciones propias que elevan el listón de las exigencias de supuestos ‘amnistiables’. Los de Carles Puigdemont pretenden blindar al ‘expresident’ reclamando la exoneración de las imputaciones por terrorismo a cuenta de los estragos de Tsunami Democràtic y los CDR y evitar lo que la jurisprudencia hace inevitable: que las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de la UE frenen la aplicación efectiva del perdón.
El compromiso de los socialistas y los socios alineados es que solo prosperarán las enmiendas pactadas, lo que condena las elevadas por Junts. Pero lo relevante es el nuevo pulso que han decidido librar los independentistas para delimitar su terreno ante Sánchez y, por extensión, ante Esquerra. Los dos últimos días, trufados de conversaciones "echando humo" para intentar sellar un acuerdo sobre los cambios "técnicos", pero con fondo político, a la ley habían tropezado con las reticencias del Gobierno a ceder sobre las causas por terrorismo ante el temor de un revés de la UE; y ante la constatación de que el Derecho europeo es el prevalente en la capacidad suspensiva de las cuestiones prejudiciales. El registro de las enmiendas evidenció que la frágil cohesión se había roto y que Junts iba a tirar por libre. Todo, la víspera de la reunión, este miércoles, entre el socialista Santos Cerdán y el juntero Jordi Turull para engrasar relaciones tras el forcejeo por el pacto sobre inmigración que salvó los decretos hace una semana.
Las negociaciones llegaron una vez más tan al límite que el PSOE registró su enmienda con matizaciones en la exposición de motivos de la norma y siete cambios en su articulado, con la firma también de Sumar, ERC, Bildu y el BNG, un segundo después de las 18.00 horas en que vencía el plazo; una dilación que los socialistas atribuyen a una dificultad técnica sin consecuencias y contra la que el PP anunció anoche que va a batallar. En paralelo, Junts formuló su propio texto y Esquerra acabó también oficializando cuatro enmiendas, una de las cuales es coincidente con la de su rival independentista al pretender extender la amnistía a las causas por terrorismo: su secretaria general, Marta Rovira, está imputada junto a Puigdemont por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por presunto terrorismo en el sumario de Tsunami. ‘Au-dessusde la mêlée’, el PNV no redactó enmiendas propias ni firmó las de nadie y apoyará aquellas que "formulen mejor" la ley.
Amnistía sin "excepciones" con "efectos inmediatos"
A la espera hora de cómo se desarrollen las dos semanas que restan para que la proposición legislativa pase por la ponencia que echa a andar este jueves, se refrende en comisión y sea votada en pleno donde saldrá adelante, salvo implosión, la quiebra en torno a las enmiendas vuelve a evidenciar la zozobra que es capaz de inocular Junts en sus relaciones con el Gobierno de Sánchez y el resto de aliados que lo sustentan. Los de Puigdemont, que ambicionan que la amnistía no tenga "excepciones" y sí "efectos inmediatos", enmiendan la ley para que su aplicación -entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023- se retrotraiga al 1 de noviembre de 2011. El 25 de ese mes se celebró la reunión entre los dirigentes de Convergència y tres miembros de la familia de Jordi Pujol que la Policía situó como el inicio del ‘procés’.
Y si los de Puigdemont, en esto como ERC, proponer tachar literalmente el párrafo de la ley que especifica todos los delitos terroristas del Código Penal que no podrán ser amnistiados si hay sentencia firme y vienen a pedir amparo para la saga del histórico expresidente de la Generalitat, hacen extensivo ese blindaje a su presidenta, Laura Borràs. Lo hacen a costa de tratar de colar en la norma el polémico ‘lawfare’, cuya admisión asumió el PSOE en su acuerdo con Junts. Los secesionistas piden que se borren penalmente las causas montadas por supuestas" operaciones artificiosas o prospectivas» del Estado destinadas a "criminalizar" a líderes del ‘procés’ y no constaten un enriquecimiento "ilícito". Es decir, el argumento siempre esgrimido por Borràs para zafarse de su condena por corrupción.
