La tensión por los decretos opaca el debate de las enmiendas a la totalidad a la amnistía

El Congreso rechazó este miércoles las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox a la futura ley de amnistía en un debate que finalmente quedó en segundo plano por los tres decretos leyes del Gobierno -consiguió salvar dos de ellos-. Aunque el debate relativo a la medida de gracia fue de alto voltaje y, sobre todo, puso de manifiesto la división en dos bloques irreconciliables del arco parlamentario.

«La amnistía da paso para asumir el 'lawfare' con todas las consecuencias. El PSOE con Pedro Sánchez no tiene palabra ni principios», aseguraba Cuca Gamarra, secretaria general de los populares, quien fue la encargada de explicar el rechazo frontal de Génova al respecto y defender la controvertida enmienda en la que se aboga por la suspensión y/o disolución de partidos que convoquen consultas ilegales de autodeterminación o declaren la independencia de un territorio.

No era un papel sencillo. El propio Alberto Núñez Feijóo admitió este martes la falta de «pedagogía» y de «explicaciones» sobre una iniciativa que sólo encontró respaldo dentro del partido. Aunque lo cierto es que el grueso de su discurso lo dedicó a arremeter contra la amnistía y no tanto a entrar en el fondo de las medidas que contiene su enmienda a la totalidad.

«Si ustedes querían introducir una amnistía, lo que tendrían que haber propuesto es una reforma de la Constitución», decía Gamarra tras insistir en que se trata de «una ley inconstitucional». Los populares decidieron el pasado 3 de enero contraatacar formalmente a la norma pactada entre Sánchez y el independentismo y registrar una enmienda a la totalidad con texto alternativo. La iniciativa rechaza en su exposición de motivos todo el contenido de la proposición de ley socialista y propone, además, una modificación del Código Penal para incluir un nuevo capítulo, el VII, denominado «deslealtad constitucional», que constaría de cuatro artículos: los que irían del 544 al 547.

El fin sería el de «castigar» a las autoridades, cargos públicos y funcionarios públicos «que promuevan inobservancia de las leyes o el incumplimiento de resoluciones judiciales» o que contravengan «frontalmente mandatos imperativos que afectan al mantenimiento del orden constitucional y la integridad del Estado». Una propuesta con la que Alberto Núñez Feijóo, a juicio del PSOE, «ha comprado» la tesis de Vox. Artemi Rallo, diputado del PSOE por Castellón, asumió la tarea del grupo proponente a la hora de defender la postura de Ferraz. Rallo tildó de «oportuna y necesaria» la norma para «satisfacer el interés general», además de preguntar a la derecha si «aceptará» el veredicto del Constitucional: «¿Acatarán la Constitución o seguirán en rebeldía?», espetaba Rallo cuando ya la mayoría de ministros del Ejecutivo habían abandonado la Cámara.

No obstante, la secretaria general de los populares, como ya hiciese Feijóo este martes, trató de aclarar que la propuesta de Génova «no persigue ideas». De hecho, reivindicó «la oportunidad política y solidez jurídica de tipificar los delitos de deslealtad constitucional». E hizo hincapié en que en nuestro sistema «ya se prevé la disolución de una persona jurídica si es responsable de la comisión de determinados delitos».

Vox fue el otro grupo que defendió su enmienda a la totalidad contra la amnistía. Lo hizo su portavoz parlamentaria, Pepa Millán. «El PSOE es el autor del desgaste de nuestra democracia, los culpables de la erosión de las instituciones y los colaboradores necesarios en una deriva que busca enfrentarnos y excluir de Cataluña a una mayoría de catalanes», aseguraba la dirigente andaluza. La enmienda de los de Abascal solo cosechó los votos de sus propios diputados, mientras que la registrada por el PP fue votada por populares y también voxistas.

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