Podemos se querella contra el juez García Castellón por persecución judicial

Considera su actuación un "ejemplo de lawfare" contra el partido con la única intención de "perjudicarles".

Manuel García Castellón, en una de sus contadas imágenes públicas
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón
Maika Salguero

Podemos ha interpuesto una querella contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por considerar su actuación un "ejemplo de lawfare" (persecución judicial por razones políticas) contra el partido con la única intención de "perjudicarles".

En la querella, que se presentó hace una semana contra García Castellón y contra el magistrado de refuerzo del juzgado central de instrucción número 6 Joaquín Gadealos, se acusa a ambos de presuntos delitos de prevaricación judicial, revelación de secretos y la omisión del deberes de perseguir delitos por iniciar una investigación "al margen de las normas" en relación con una supuesta financiación irregular de los morados.

Así lo ha explicado el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, en una rueda de prensa en su sede para detallar el contenido de esta querella que han formalizado ante el Tribunal Supremo.

La acusación contra el magistrado de la Audiencia Nacional está relacionada con la apertura de diligencias por la supuesta financiación irregular del partido morado a través de la vía venezolana y que fue archivada finalmente en marzo de 2022 por ser considerada una investigación "prospectiva".

Las diligencias se abrieron a raíz de las confesiones del exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como "Pollo Carvajal", tras su arresto en Madrid para proceder a su extradición a Estados Unidos.

La causa, que se inició en 2016, fue archivada por el propio García Castellón poco después, pero volvió a reabrir esta pieza en 2021 al considerar que existían “indicios razonables de un delito de financiación ilegal de partido político”, tal como recuerda Podemos en el escrito.

Aseguran además que García Castellón "tenía conocimiento" del carácter ilícito de la documentación aportada para inculpar a su partido cuando decidió reabrirla.

Según el portavoz de esta formación, este es un claro "ejemplo de lawfare", es decir, una persecución judicial con fines partidistas que pretendía "perjudicar reputacionalmente" al partido morado.

Además, ha señalado el papel de los medios de comunicación, una simbiosis según el portavoz entre jueces y prensa para también "atacar y perjudicar" a Podemos.

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