Críticas a la nueva regulación de los pisos turísticos en Cataluña: "Es una expropiación encubierta"

La Generalitat ha aprobado una nueva regulación de viviendas turísticas por la cual los propietarios deberán solicitar una licencia previa en un plazo de cinco años a los Ayuntamientos para poder operar con uso turístico. La nueva regulación, que ha suscitado críticas en el sector, se ha aprobado mediante un decreto ley y tiene como objetivo dar herramientas a los municipios donde hay un problema de acceso a la vivienda o hay riesgo de romper el equilibro del entorno urbanístico por exceso de viviendas turísticas.

Los ayuntamientos deberán modificar su planteamiento urbanístico para recoger expresamente la posibilidad de acoger pisos turísticos, justificando que tienen suficiente suelo para vivienda permanente.

En cuanto a las viviendas que actualmente ya están destinadas a usos turísticos, los propietarios deberán pedir la licencia - con una vigencia de cinco años renovables- y si el consistorio no se la otorga deberán cesar su actividad en un plazo de cinco años.

Los propietarios podrán pedir una prórroga de otros cinco años si acreditan que no pueden compensar las pérdidas patrimoniales debido a la pérdida de la licencia. Las viviendas que operen sin permiso estarán incumpliendo la normativa y el Gobierno catalán ha asegurado que habrá sanciones graves, aunque no ha concretado cuáles serán.

De este modo, se pasa de la actual declaración de responsabilidad que debían pedir los propietarios para poder destinar su vivienda a uso turístico a la necesidad de una licencia previa urbanística.

El anexo del decreto incluye un listado de 262 municipios donde se aplicará esta nueva regulación, unos 134 tienen problemas derivados de la falta de equilibrio en el entrono urbanístico y el resto son ciudades con problemas de acceso a la vivienda. En estos 262 municipios hay 95.000 viviendas turísticas y el Govern prevé que en cinco años esta lista se ajuste de acuerdo al nuevo contexto.

El 'Govern' considera que existe un peligro de romper el equilibro urbanístico cuando existen más de 5 viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes, y permitirá a los Ayuntamientos dar licencias hasta un máximo de 10 viviendas por cada 100 habitantes.

Para poder conseguir la licencia, las viviendas que quieran ser turísticas deberán realizar una comunicación a la administración para que estar censadas y deberán tener la cédula de habitabilidad, estar amuebladas y que se alquile toda la vivienda completa, no solo una habitación.

Si en un municipio hay más pisos turísticos que 10 por cada 100 habitantes, será el Ayuntamiento el que decidirá qué propietarios consiguen la licencia mediante un régimen de concurrencia competitiva.

"Está en riego el 50% del turismo en Cataluña" 

El presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, ha tildado de "irresponsable" la nueva regulación de viviendas turísticas de la Generalitat por la cual los propietarios deberán solicitar una licencia previa a los Ayuntamientos para poder operar con uso turístico. Alcántara ha asegurado que la nueva normativa pone en riesgo al 50% del turismo del conjunto de Cataluña, los puestos de trabajo que genera este sector y el impacto que tiene en el comercio y en la restauración.  

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña han advertido de que los principios del decreto anunciado por la Generalitat para regular los pisos turísticos tienen "un carácter ideológico y no tienen cabida en la realidad económica y jurídica del país".

También avisan en un comunicado de que "no hay ninguna garantía de que las viviendas que dejen de destinarse a uso turístico pasen al alquiler de larga duración".

El texto que ha anunciado la Generalitat establece que en 262 municipios no podrá haber más de 10 apartamentos turísticos por cada 100 habitantes: según los API, eso obligará a cerrar 28.000 en 47 municipios en un máximo de cinco años.

"Hay municipios del listado de la Generalitat como Alp, Begur, Cadaqués, Espot, Palafrugell, Pals o Salou, entre otros, en los que es absurdo pensar que el problema se resolverá con este decreto", dicen.

"Dada la inestabilidad jurídica en la que estamos inmersos" -afirman-, lo más probable es que la mayoría de los propietarios opten por poner sus viviendas a la venta, dejando fuera del mercado esa parte de la demanda que hoy no cuenta con capital suficiente para comprar y sólo puede acceder al mercado mediante el alquiler.

La Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Dorada y Tierras del Ebro (AAT) se ha mostrado en contra del nuevo decreto ley de la Generalitat que regula los pisos turísticos porque lo consideran irresponsable y "una expropiación encubierta". La AAT, que representa a 25.000 plazas en la provincia de Tarragona, asegura este miércoles en un comunicado que el Govern no ha tenido en cuenta la opinión del sector y reclama la creación de una comisión de expertos que haga un diagnóstico riguroso de la realidad antes de poner en marcha ninguna ley, textualmente.

El presidente de la entidad, Joan Calvet, ha denunciado que la Generalitat "no ha aportado ningún estudio" que avale su medida y avisa de que si se aprueba la propuesta con su redactado actual, el Govern debería afrontar las reclamaciones de indemnización que podrían exigir hasta 20.000 familias tarraconenses propietarias de viviendas turísticas, cuyas licencias, textualmente, se pretende expropiar.

Respecto a la afectación en la provincia de Tarragona, Calvet asegura que la reducción de viviendas en municipios donde el turismo es la actividad económica predominante como son Salou, Cambrils, Calafell o Torredembarra "tendrá un impacto muy negativo en el comercio, supermercados y restauración".