Nunca antes en democracia la distancia entre el Gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado había sido tan grande como en estos días. La amnistía ha provocado un abismo entre el Ejecutivo y la Policía y la Guardia Civil sin precedentes en la historia reciente de España. Desde los mandos hasta las bases. Sin excepciones.

Ni siquiera el rechazo continuo del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a la equiparación real económica con los cuerpos autonómicos había creado tanto malestar. La amnistía está empezando a pesar más, incluso, que el agravio económico en ambas instituciones, que ahora se consideran maltratadas en el bolsillo, pero también en su fuero más interno.

Hasta las organizaciones profesionales y los sindicatos que históricamente en ambos cuerpos habían mostrado más simpatías al PSOE se han posicionado en los últimos días implacables en sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a su decisión de amarrar la investidura con una amnistía que a los agentes les afecta, en muchos casos, de manera personal.

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Y es que seis años después del 1-O, pocos -por no decir ninguno- de los 8.000 policías y guardias civiles que fueron enviados en otoño de 2017 a Cataluña en pleno órdago independentista en el marco de la operación Copérnico-Avispa duda de que su actuación en aquellos días no solo fue impecable, sino que en muchos casos consideran que fue uno de sus más importantes servicios al Estado, en una situación de "gravísima crisis" institucional.

El sentimiento generalizado desde que comenzó a ser evidente que Sánchez iba a conceder la amnistía para seguir en Moncloa fue que no sirvieron de nada los días de "sacrificios", las semanas fuera de casa, los alojamientos precarios en hostales y barcos, el acoso popular y el desgaste emocional a cambio de unas dietas exiguas.

'Piolines'

En ambos cuerpos, además, todavía resuenan a modo de "insulto" las palabras del propio presidente del Ejecutivo, quien en el Pleno del Congreso se refirió a aquellos funcionarios enviados a Cataluña con el epíteto de ‘Piolines’, el mismo que usa el de independentismo catalán de forma despectiva contra esos funcionarios.

La idea de que el actual Ejecutivo no solo no tiene reparo a usar a los agentes enviados a Cataluña como cabeza de turco, sino que incluso desprecian aquel esfuerzo, está calando también por la total ausencia de apoyo institucional desde el departamento que dirige Grande-Marlaska a los agentes que fueron encausados por las cargas durante el 1-O. Singularmente, la falta de respaldo a los 45 policías que actuaron, bajo mandato judicial, aquel domingo en algunos de los colegios más conflictivos de desalojar de la capital catalana y a los que el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona procesó el pasado enero por delitos, no solo de lesiones, sino también por ilícitos especialmente graves como torturas o delitos contra la integridad moral.

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Precisamente, dos de las asociaciones profesionales históricas de ambos cuerpos, el SUP y la AUGC, han convocado para el próximo viernes ante los juzgados de Barcelona una concentración en apoyo a esos agentes imputados, que declararán ese día ante el instructor. Pero en los manifiestos de esas convocatorias trasluce mucho más que la simple solidaridad con los compañeros. En esos documentos, esas organizaciones, que tuvieron orígenes históricos cercanos a la UGT y al PSOE, ahora acusan a los socialistas de utilizar a las fuerzas de seguridad como "moneda de cambio en las negociaciones para formar gobierno". Pero ya no solo eso. "La Policía Nacional y la Guardia Civil están perdiendo su influencia y presencia en Cataluña debido a la continua intención de restar competencias y expulsar a los guardias civiles y policías nacionales de esta comunidad", afirman sin tapujos.

Es idéntico el discurso en los mayoritarios Jucil y Jupol, dos organizaciones sindicales nacidas con orígenes muchos más recientes, en 2017 el año del ‘procés’, y que en los últimos días están insistiendo, al margen de su evidente enfado por la amnistía en sí, en que los acuerdos con los independentistas van mucho más allá de lo que aparentan. En Jucil hablan ya de pactos para "arrasar con la presencia" de la Guardia Civil en Cataluña y "colonizar sus cuarteles", porque el fin último de esos acuerdos es la "desaparición" del instituto armado tanto en Cataluña como en el País Vasco.

En Jupol, por su parte, concluyen, como hacen todos los colectivos profesionales y sindicatos de ambos cuerpos, que el pacto de investidura va a suponer a "medio plazo la desaparición definitiva de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de Cataluña, al quedarse estos cuerpos sin funciones".