Los puntos de fricción de la ley educativa que respalda el Constitucional
Los más polémicos, que los centros privados no reciban fondos públicos si separan por sexo y la enseñanza del castellano en comunidades con lengua propia
El Tribunal Constitucional ha respaldado la reforma educativa del Gobierno de Pedro Sánchez (Lomloe/Ley Celaá), cuyos principales puntos de fricción han sido la prohibición a que los centros privados reciban fondos públicos si separan por sexo y la enseñanza del castellano en comunidades con lengua propia.
El pleno del alto tribunal se ha pronunciado sobre el recurso planteado por Vox en 2021 en contra de la octava ley educativa en democracia y hay otro presentado por el Partido Popular.
En líneas generales ambos sostienen que la conocida como Ley Celaá representa un ataque a la libertad a las familias a elegir centro educativo -discriminando a la red concertada-, y la acusan de no garantizar la enseñanza del castellano en autonomías con lengua cooficial.
Otra de las cuestiones en liza es la previsión de la Lomloe de que en el plazo de 10 años los centros ordinarios tengan los medios adecuados para escolarizar a los niños con discapacidad, un artículo que Vox pedía suprimir para respetar la opción de los padres a matricular a sus hijos en centros de educación especial.
El Constitucional también ha avalado la prohibición de la Ley Celaá a que los centros privados que reciben fondos públicos puedan seguir separando por sexo o que las administraciones cedan suelo público gratis para la construcción de centros privados/concertados.
La misma ley elimina el criterio de demanda social en la programación de plazas financiadas con dinero público, con lo que los concertados no pueden abrir nuevos centros o aumentar las plazas en los existentes, un aspecto que también cuestiona los dos recursos de inconstitucionalidad.
Los dos partidos recurrentes coinciden, por otro lado, en que la Ley Celaá no garantiza que el español sea lengua vehicular en todo el país. Durante la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa se acordó no incluir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza.
En la anterior norma, la Lomce o ley Wert, se establecía que "el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado, y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable".
Fuentes jurídicas han informado hoy jueves de que el Constitucional ha decidido que se elabore una nueva ponencia, conforme al criterio de la mayoría, que desestime íntegramente el recurso de Vox, por lo que esta doctrina será de aplicación al del PP, que es posterior.
La nueva ponencia será llevada a un Pleno en las próximas semanas, por el mismo ponente, el magistrado conservador Ricardo Enríquez, una vez que se ha rechazado por seis a cuatro su borrador inicial, que avalaba la norma aunque planteaba declarar inconstitucional dos aspectos de la misma.
