Naciones Unidas insta a España a que informe sobre las ayudas a la crianza
El Gobierno está obligado a presentar de forma periódica informes sobre su cumplimiento desde que firmó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.
Las medidas de ayuda a la crianza, la prevención de la pobreza infantil, la protección de los menores no acompañados o la aplicación de la Ley de protección a la infancia son algunas de las cuestiones sobre las que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas insta a España a proporcionar información.
Desde que España firmó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, el Gobierno está obligado a presentar de forma periódica informes sobre su cumplimiento. Este procedimiento comienza con una solicitud de información por parte del Comité de los Derechos del Niño al Estado que contiene hasta 30 preguntas y que este organismo ha hecho públicas esta semana, según ha informado este miércoles la Plataforma de Infancia.
Además de interesarse sobre la manera en que el Ejecutivo plantea apoyar a las familias en la crianza de sus hijos, la ONU se preocupa por cómo se va a implantar la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), sobre todo en la franja de edad 0-3 años dada su especial vulnerabilidad.
También pregunta por las medidas que se han tomado para adaptar el sistema de Justicia a las necesidades y derechos de los niños, ya que la prueba preconstituida (grabar el testimonio del menor para evitar que tenga que declarar de nuevo en la vista oral) no es obligatoria.
La falta de garantías sobre el procedimiento de determinación de la edad de la infancia migrante no acompañada es otra de las cuestiones por las que pregunta el Comité, que se interesa por conocer de qué manera van a poder los niños recurrir una decisión sobre su edad en caso de obtener nueva documentación que determine su edad.
Naciones Unidas pide también al Gobierno que informe sobre la regulación de la publicidad de productos no saludables -está pendiente de aprobación un real decreto para prevenir su consumo- y la manera de garantizar el derecho a la participación infantil.
El Ejecutivo tiene un año para responder al Comité de la ONU, que tras analizar la información que el Gobierno proporcione realizará una serie de recomendaciones que España deberá implementar y dar seguimiento en un plazo de 5 años tras las observaciones finales.
