Los funcionarios podrían perder su puesto si suspenden la evaluación de su trabajo
Los sindicatos critican el anteproyecto de ley de Función Pública, que marca que esta valoración también afectará al complemento salarial.
El anteproyecto de ley de Función Pública que el Gobierno aprobó el martes en consejo de ministros inicia su andadura rodeado de polémica.
El documento de 125 páginas, que ahora está abierto a modificaciones, establece la posibilidad de que los funcionarios sean movidos del puesto obtenido por concurso si obtienen de forma continuada resultados negativos en la nueva evaluación de desempeño por la que tendrán que pasar a partir de la entrada en vigor de la norma. En la norma, el Gobierno no define cómo será esa evaluación por la que de forma anual se medirá la conducta y los resultados de los empleados públicos en el desarrollo de su actividad.
No obstante, sí detalla que será obligatoria y que no solo afectará a la evolución de la carrera o posibles ascensos, sino también a la percepción de los complementos salariales. En concreto, el texto establece dos nuevos complementos salariales para las empleadas y empleados públicos. De nuevo, los mismos están basados en la evaluación de desempeño, además de la profesional.
El primero de ellos es el complemento de carrera. Este retribuirá la progresión que se vaya alcanzando en la carrera profesional. Su cuantía será la misma para todo el personal funcionario del mismo grupo o subgrupo de clasificación profesional que lo tenga reconocido. El otro será el complemento de desempeño. El acceso al mismo estará vinculado a la superación de las evaluaciones de desempeño planteadas durante la carrera profesional. El rendimiento y los logros de trabajadoras y trabajadores del ámbito público.
De esta manera, las retribuciones complementarias serían el complemento de destino, el complemento específico, el complemento de desempeño y el complemento de carrera.
A estos hay que sumar el renombrado complemento por servicios extraordinarios, que es el que retribuye los servicios prestados fuera de la jornada ordinaria o la actividad extraordinaria desarrollada en el puesto de trabajo.
Los sindicatos ya han criticado el texto con dureza. Tanto UGT como CC. OO. calificaron la posibilidad de remover a un funcionario de su puesto como un hecho "gravísimo", al plantearse la evaluación "como algo irrefutable que deja a la persona sin defensa en vía administrativa" contra un resultado negativo.
El Gobierno defiende que la incorporación de esta evaluación a la norma persigue una mejora de la productividad y la adecuación de la carrera profesional al cumplimiento de las funciones de los empleados públicos. Pero el Ministerio de Hacienda es consciente de que habrá que ceder posiciones para que el texto salga adelante con consenso y a tiempo para cumplir con el compromiso adquirido con Bruselas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) anunció ayer que presentará alegaciones para exigir la participación de los sindicatos a la hora de establecer los criterios por los que se valorará el trabajo de los funcionarios, tanto para promoción como para retribuciones.
Personal directivo
Otro de los compromisos del Gobierno que estará recogido en la futura ley es la regulación del personal directivo público profesional. Esta figura es la que dispone de funciones de desarrollo de políticas y programas públicos.
Tendrán esta consideración las personas titulares de subdirecciones generales o de otros ámbitos que se asimilen a estas. Y que estarán ocupados equitativamente por hombres y mujeres, tal y como marca el principio de igualdad recogido en la norma.
El desarrollo de una regulación responde a que se trata de un perfil clave en la concepción de una Administración Pública moderna. Entre los objetivos están ofrecer garantías de la profesionalidad de quienes ocupan estos cargos.
Otro de los fines es reforzar la idoneidad, capacidad y orientación de los mismos con respecto a los resultados profesionales que obtengan quienes ocupen esos puestos directivos.
