El Constitucional paraliza en el Senado la reforma sobre su propia renovación con una decisión inédita

El Pleno acepta por seis votos a cinco las medidas cautelarísimas, rechaza las recusaciones de PSOE y Unidas Podemos e impide la votación del jueves en la Cámara Alta.

Bandera de España en la sede del Tribunal Constitucional
Bandera de España en la sede del Tribunal Constitucional
Efe

El Tribunal Constitucional ha paralizado la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y el propio TC, como había solicitado el PP, que fueron aprobados ya por el Congreso y que estaban pendientes de votarse en el Senado este jueves, en una decisión sin precedentes en la corte de garantías.

Fuentes jurídicas han informado de que el Pleno extraordinario del tribunal, convocado para estudiar esta cuestión, ha estimado la medida cautelarísima solicitada por el PP gracias a la mayoría conservadora del tribunal, que ha hecho valer sus seis votos frente a los cinco del bloque progresista.

Se trata de una decisión histórica, sin precedentes en nuestra democracia habida cuenta de que es la primera vez que el Constitucional paraliza una ley en tramitación en el Parlamento.

Esta decisión conlleva la paralización inmediata del trámite parlamentario, de manera que impide la votación que tenía previsto llevar a cabo el Senado este jueves para dar el aval definitivo a la reforma legal, tras la luz verde del Congreso.

Como era de esperar, el tribunal se ha fragmentado en dos bloques que ya desde el inicio del pleno a las 10.00 tenían posiciones enfrentadas respecto a las cuestiones a resolver.

Primero se votó la avocación a Pleno del recurso del PP y salió con siete a cuatro, la única votación en la que un progresista se sumó a al sector conservador. El resto fueron todas seis a cinco.

Eso sucedió con la admisión a trámite del recurso de amparo del PP y con el rechazo a las recusaciones solicitadas por Unidas Podemos y el PSOE para apartar a su presidente, Pedro González Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez, del pleno que iba a decidir si paralizaba la tramitación de los cambios en el Poder Judicial.

Precisamente, este último resultado ha sido clave, porque ya otorgaba la mayoría conservadora para la votación del ultimo punto del orden del día y el más importante, que no era otro que la cautelarísima del PP, porque de lo contrario, la mayoría hubiera correspondido a los progresistas por cuatro a cinco, al salir Trevijano y Narváez.

Así, tras doce horas del inicio del pleno, las últimas tres consagradas solo al debate y votación de la cautelarísima, el tribunal de garantías ha estimado la petición del PP y frenado los cambios legales en marcha en el Parlamento.

El aluvión de escritos de Unidas Podemos y PSOE oponiéndose a cualquier cautelar que afectara al trámite legislativo y formulando las recusaciones no ha logrado cambiar la posición del sector conservador, que tan solo ha aceptado su personación en el procedimiento.

Ahora está por ver cómo reaccionan los partidos y especialmente PSOE y Unidas Podemos, toda vez que este último grupo parlamentario ha asegurado que las Mesas del Congreso y del Senado cuentan con "elementos jurídicos suficientes" como para no tener que atender una resolución del Constitucional que determinara frenar la tramitación parlamentaria en curso para la renovación del alto tribunal. 

Primera vez en sus más de 40 años de historia

Los magistrados han entendido que el avance de la tramitación parlamentaria causa un daño de difícil reparación a los derechos de los legisladores 'populares', que invocaban el artículo 23 de la Constitución, donde se recoge el derecho a la participación política de los ciudadanos a través de sus representantes.

La corte de garantías da este paso después de que dichas enmiendas fueran aprobadas en el Congreso de los Diputados el pasado jueves en el marco de la proposición de ley para derogar el delito de sedición.

Aunque dichas enmiendas ya habían superado el trámite parlamentario en la Cámara Baja aún quedaba el Senado, donde estaba previsto que quedaran igualmente aprobadas el próximo jueves.

Ahora, el secretario de Justicia del Pleno, Alfonso Pérez Camino, tendrá que entregar personalmente en la Cámara Alta la decisión adoptada por el TC, de acuerdo con las citadas fuentes. 

Más de 9 horas de intenso debate

Los once magistrados han iniciado su cónclave interno a las 10.00 horas, pero las decisiones de calado no han llegado hasta las 19.30, cuando han acordado admitir a trámite el recurso del PP; aceptar también la personación solicitada por Unidas Podemos (UP) y PSOE; y rechazar las recusaciones lanzadas por los partidos de Gobierno contra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez.

Las fuentes jurídicas detallan que el recurso 'popular' se ha admitido por 6 votos contra 5, mismo resultado con el que se ha resuelto que no era el momento procesal oportuno para abordar las recusaciones formuladas por los 'morados' y los socialistas.

UP argumentaba que González-Trevijano y Narváez debían apartarse al considerar que tienen "interés directo" en paralizar esta reforma porque serían reemplazados por los candidatos nominados por el Gobierno --el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez-- si sale adelante la modificación planteada.

El Pleno del TC ya se reunió con carácter urgente el pasado jueves, pero entonces González-Trevijano accedió a aplazarlo a este lunes después de que los cinco magistrados progresistas amenazaran con irse, si no se les daba más tiempo estudiar un asunto de gran "complejidad" y "relevancia" que habían conocido apenas 24 horas antes. De haberse marchado, habrían impedido el 'quorum' de al menos 8 magistrados que se exige para que el Pleno quede constituido.

La renovación del TC

El problema de fondo es que el TC aguarda desde el pasado 12 de junio a que se renueven los cuatro magistrados que forman el tercio que la Constitución encarga reemplazar a Gobierno y CGPJ: González-Trevijano y Narváez, nombrados en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy; y Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, designados entonces por el órgano de gobierno de los jueces.

Las dudas jurídicas sobre la posibilidad de que los dos candidatos de Moncloa pudieran tomar posesión sin esperar a los dos del CGPJ llevaron a impulsar y aprobar el pasado julio en el Parlamento una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al Consejo su poder para nombrar a sus dos aspirantes a la corte de garantías.

Sin embargo, las negociaciones en el seno del CGPJ encallaron el pasado 2 de diciembre por el veto tácito del bloque conservador al candidato de sus homólogos progresistas, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés, y la negativa de estos últimos a volver a engordar su listado de aspirantes (que llegó a contar con nueve).

Negociaciones en el CGPJ

En este contexto, 'morados' y socialistas introdujeron en la proposición de ley que elimina el delito de sedición las dos enmiendas que despejan el camino para que Campo y Díez tomen posesión como magistrados del TC sin tener que esperar a los dos nominados por el órgano de gobierno de los jueces.

Por su parte, el CGPJ tiene previsto celebrar este martes a las 17.00 un Pleno extraordinario donde, por ahora, los únicos candidatos que figuran en el orden del día son los magistrados del TS Pablo Lucas y César Tolosa.

Las fuentes consultadas ya apuntaban que, aunque formalmente Bandrés era el único aspirante formal y el bloque conservador manejaba varios nombres, los mejor posicionados para lograr el aval del conjunto del CGPJ eran Lucas y Tolosa. 

Comentarios
Debes estar registrado para poder visualizar los comentarios Regístrate gratis Iniciar sesión