La pena máxima del delito de sedición, ahora "desórdenes públicos agravados", bajará de 15 a 5 años
La pena será de tres a cinco años e inhabilitación para ejercer empleo o cargo público por el mismo tiempo-
La proposición de ley del grupo socialista y Unidas Podemos presentada este viernes en el Congreso rebaja de 15 a cinco años la pena máxima de prisión del delito de sedición, que desaparece y pasa a denominarse "desórdenes públicos agravados", con un máximo de ocho años de inhabilitación.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha anunciado en rueda de prensa antes de registrar esta propuesta que la reforma persigue modificar el concepto de un delito de sedición que tenía 200 años y que la mayoría de países europeos han ido adaptando a la sociedad actual.
Según sus palabras, es una reforma "de sentido común" que "ayudará" a los jueces, entre quienes se abrió "un enorme debate jurídico" sobre los tipos que había que aplicar a los líderes independentistas catalanes, y con la que se mejorará la cooperación judicial internacional ya que con un delito homologable al de otros países europeos "no volverá a haber santuarios" para quienes atenten contra el orden público.
Ha hecho así alusión a las fallidas órdenes de extradición emitidas por la Justicia española para poder juzgar a los dirigentes independentistas huidos. Y ha dejado claro que si el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont regresa a España "será juzgado".
Según la propuesta de reforma del Código Penal anunciada por López, cometerán un delito de desórdenes públicos agravado, con pena de tres a cinco años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público, quienes con violencia e intimidación o en el seno de una multitud alteren el orden público e impidan la aplicación de leyes o resoluciones judiciales. Si el delito lo cometen autoridades, la pena de inhabilitación absoluta alcanzará los ocho años.
Patxi López ha insistido en el objetivo de corregir tipos penales que son "inexistentes en la mayoría de los países de la Unión Europea así como penas desproporcionadas en relación a las que se aplican en los países vecinos y que generan disfunciones a la hora de cooperar judicialmente".
Se aprovecha también la proposición de ley para trasponer directivas comunitarias y realizar otras reformas, resolver "déficits y lagunas" que existen en el Código Penal en el área de los delitos económicos y el uso de herramientas informáticas, la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago, el abuso de mercado o las atribuciones de las autoridades de la competencia.
Dentro de los delitos contra la integridad moral se introducirá también una modalidad delictiva específica para la ocultación del cadáver y también para el contrabando con material de defensa o tecnología de doble uso.
