Sánchez se da margen en los Presupuestos de 2023 para extender el plan anticrisis
Hacienda aclara que las cuentas públicas tienen "holgura" ante el riesgo de que el impacto económico de la guerra persista.
Los Presupuestos del Estado para 2023 dieron este jueves el primer paso para su tramitación parlamentaria, aunque ya nacen prácticamente condicionados a la deriva de la guerra en Ucrania y los efectos económicos que pueda provocar. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entregó las cuentas públicas en el Congreso con una hoja de ruta sustentada en un gasto público sin precedentes que se financiará con unos ingresos también de récord, a pesar del complejo escenario que se vislumbra para la economía el próximo año: crecimiento inferior al de 2022 (al menos, la mitad) y subida de los tipos de interés para frenar la elevada inflación. Retos que, según el Ejecutivo, no tienen por qué reducir el empleo ni, por tanto, los ingresos por cotizaciones o por impuestos.
En concreto, los ingresos subirán un 6% el próximo año, hasta los 307.445 millones de euros. Una previsión que desde Hacienda califican como "extremadamente prudente", ante la expectativa de que la liquidación del Presupuesto de este ejercicio sea superior a la estimada gracias al buen comportamiento de la recaudación por impuestos, sobre todo Renta e IVA. Por su parte, el gasto superará los 455.978 millones, un 7,6% más, sin contar con los fondos europeos.
La situación de las cuentas públicas es hasta tal punto mejor a la estimada por Hacienda antes de que comience 2023 que el departamento dirigido por Montero asegura contar con la suficiente "holgura y margen" para hacer frente al difícil entorno derivado de la guerra en Ucrania y la inflación. El Gobierno no espera que estos riesgos desaparezcan en el corto plazo. Todo lo contrario. Asume que el conflicto se extenderá hasta bien entrado el próximo año, por lo que así tendrán que hacerlo también las medidas de su plan anticrisis, que vencen el 31 de diciembre.
El Ejecutivo no contempla en los Presupuestos esas actuaciones (descuento de 20 céntimos en los combustibles, por ejemplo), con la excepción de la gratuidad de los billetes de Cercanías y Media Distancia, que tendrá un coste de 660 millones en el nuevo ejercicio. Sin embargo, fuentes gubernamentales confirman que, entre noviembre y diciembre, habrá un nuevo plan para prorrogar "la mayoría de las medidas". Más gasto no presupuestado que, a juicio del Gobierno, no impedirá cumplir con el objetivo de reducción del déficit del 5% previsto para este año al 3,9% en 2023.
Partidas comprometidas
La tarea resultará compleja. Según la hoja de ruta pactada, seis de cada diez euros del Presupuesto irán destinados a gasto social (266.719 millones de euros), con especial atención en educación, vivienda, dependencia y atención primaria. Pero serán pensiones, sueldo de los funcionarios y deuda pública las que se lleven la mayor 'mordida', copando la mitad del Presupuesto.
En total, el Estado gastará 190.687 millones para cubrir las pensiones, tras la revalorización del 8,5% conforme al IPC. Son 20.000 millones más que este año y en torno a un 40% del gasto público. Una cifra a la que hay que sumar los gastos de personal (otros 27.000 millones, un 6% más) y la deuda pública (31.275 millones), además de otras actuaciones como el incremento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prórroga de la bonificación en el transporte público o la ayuda de los 250 euros al alquiler para jóvenes.
Las nuevas cuentas públicas son, a juicio de Montero, "un antídoto contra la pobreza, la desigualdad y la esperanza". La ministra insistió en el Congreso en el papel que juega el Estado para lograr ese objetivo, frente a la posibilidad de que cada ciudadano asuma el coste del Estado del Bienestar. "Los servicios públicos son la garantía para el ciudadano, motor de empleo y tractor de innovación", añadió. Y ofreció un dato relevante: el ahorro en rentas de cada familia por disponer de esos servicios públicos, estimado en 11.000 euros por hogar, de media. Es la respuesta a la idea lanzada por la oposición de que el dinero no debe estar en manos del Estado, sino de los ciudadanos con rebajas de impuestos como la deflactación del IRPF.
No habrá deflactación en estos Presupuesto, pero sí importantes novedades como el polémico incremento del 25% en el gasto en defensa o el plan para recuperar el 60% de la base reguladora desde los seis meses de prestación que, según calculan desde el Ejecutivo, beneficiaría a unas 300.000 personas.
Los Presupuestos también incluyen el paquete de medidas energéticas que seguirán en vigor a partir del 1 de enero: aumentan las ayudas a consumidores electrointensivos, por importe de 65 millones de euros; y se incrementa el bono térmico en otros 102 millones.
Para financiar todo este despliegue de gasto y la extensión de las medidas anticrisis, el Gobierno se apoyará en el crecimiento de los ingresos procedentes de los impuestos: crecerán un 7,7% hasta los 262.781 millones de euros, gracias al tirón de la recaudación por IRPF y Sociedades. En el caso del IVA, se espera que los ingresos de incrementen en casi un 6% hasta los 86.000 millones de euros. Y ello a pesar de la menor previsión del consumo y de que la inflación -y, por tanto, la subida de precios que grava este tributo- se irá moderando a lo largo de 2023.
Novedades fiscales
El próximo año también se empezarán a aplicar algunas de las novedades fiscales que, aunque no se incluyan dentro de los Presupuestos, sí impactarán en la recaudación total del ejercicio. Entre otras, el nuevo impuesto de Solidaridad a las grandes fortunas con el que el Ejecutivo espera ingresar 1.500 millones de euros el próximo ejercicio.
Las nuevas cuentas sí incluyen los impuestos a energéticas y banca ya anunciados, así como cambios en el IRPF para beneficiar a las rentas más bajas (hasta 21.000 euros); la subida del gravamen para las rentas de capital por encima de 200.000 euros; o la rebaja para los autónomos por módulos. También se recorta del 25% al 23% el tipo de Sociedades a pymes que facturen hasta un millón de euros. Y se recoge la bajada del IVA al tipo superreducido de los productos de higiene femenina.
Con las cifras sobre la mesa, el crecimiento de 18.000 millones de euros que se espera en los ingresos tributarios respecto a este año, será inferior a los 26.344 millones que crecerá el gasto social. Un escenario que obliga a que, para cumplir con los objetivos pactados con Bruselas, la buena marcha del ciclo acompañe a todas las políticas discrecionales aplicadas por el Gobierno.
