Prisión para la etarra Iratxe Sorzabal tras su entrega el pasado viernes
Se enfrenta a una condena de 24 años y medio por su participación en un doble atentado en 1996 en Gijón, contra una farmacia y el Palacio de Justicia.
La Audiencia Nacional ha decretado prisión provisional para la exjefa de ETA Iratxe Sorzabal, entregada por Francia de forma definitiva el pasado viernes, por la condena a 24 años y medio de cárcel que le fue impuesta por su participación en un doble atentado, el 2 de noviembre de 1996 en Gijón, contra una farmacia y el Palacio de Justicia.
En un auto, notificado este lunes, los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal explican que Sorzabal fue puesta a disposición de la Audiencia el 14 de febrero pasado para ser juzgada por estos hechos, decretándose entonces su ingreso en la cárcel, donde estuvo hasta que el 8 de marzo fue trasladada de nuevo a Francia.
Tras esa entrega temporal en la que fue juzgada y condenada, Sorzabal fue entregada de forma definitiva a España el viernes, por lo que ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial, que ha acordado su permanencia en prisión provisional.
En su resolución, los magistrados recuerdan que la defensa de Sorzabal recurrió la sentencia, por lo que se señaló la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que este lunes la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) han solicitado que se mantuviera la prisión provisional hasta el límite máximo legalmente previsto, mientras que por su defensa se ha instado a ponerla en libertad provisional.
Una vez celebrada la comparecencia, los magistrados han acordado prolongar el plazo máximo de prisión preventiva hasta el límite de la mitad de la condena impuesta, “dada la gravedad de los delitos por los que ha sido condenada y las penas impuestas”.
En este caso, añaden, se dan los requisitos necesarios de legitimidad, proporcionalidad y necesidad para el mantenimiento de la prisión preventiva decretada.
En la sentencia, la Sala le impuso 17 años de cárcel por estragos terroristas en grado de consumación por el atentado contra el nuevo Palacio de Justicia, que aún no estaba en funcionamiento, y que causó numerosos daños materiales, mientras que le condenó a otra pena de siete años y seis meses por el mismo delito en grado de tentativa, en relación con la acción contra la farmacia, dado que no causó desperfectos.
Según explicaban los jueces en aquella resolución, ambos artefactos explosivos fueron colocados con la finalidad de causar el máximo daño posible a las personas y al patrimonio público y privado.
En el caso del artefacto del Palacio de Justicia, que explosionó sobre las 6.30 en una zona urbana, existió un claro peligro para las personas, ya que es muy posible que pudiera pasar gente por ese lugar.
En su recurso ante el Supremo, Sorzabal invocó el caso el etarra Javier Atristain, en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España al considerar que se le negó un juicio justo.
