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Ayuso planta batalla a Sánchez en los tribunales con seis procesos judiciales en dos años

La Comunidad de Madrid suma una nueva causa contra el Gobierno con su decisión de llevar ante el Constitucional el decreto energético.

Isabel Díaz Ayuso en un coloquio en la localidad italiana de Caorle
Isabel Díaz Ayuso en un coloquio en la localidad italiana de Caorle
Efe

"Iremos a todos los tribunales habidos y por haber cada vez que se inmiscuyan en las competencias de la Comunidad de Madrid". Isabel Díaz Ayuso ya avanzó el pasado junio su intención de seguir liderando la oposición a Pedro Sánchez en los tribunales. Los letrados de la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo madrileño, han abierto hasta cinco procedimientos judiciales contra el Gobierno central en los dos últimos años, con la pandemia como punto de inflexión, con recursos que abarcan desde los cierres decretados durante la crisis sanitaria a los currículos de Bachillerato. Una ofensiva con resultados dispares que esta semana sumó un nuevo frente el sexto- a cuenta del plan de ahorro energético del Ejecutivo, que la Comunidad ha decidido ya llevar ante el Constitucional. "Madrid no se apaga", dijo la mandataria autonómica después de que el Consejo de Ministros diese el pasado 1 de agosto luz verde al real decreto-ley que lo desarrolla. Es Ayuso contra el Gobierno.

La llegada de la covid-19, arrasando todo a su paso, enfrentó al Sol y a la Moncloa en numerosas ocasiones a cuenta en su mayoría por los cierres generalizados ordenados desde Sanidad a tenor de las malas cifras de contagios. Así el Gobierno regional interpuso sendos recursos contra el cierre del puente de octubre de 2020, decretado el 30 de septiembre; y el cierre de Semana Santa de 2021, dictaminado el 11 de marzo de ese mismo año. Madrid defendía sus "medidas quirúrgicas" y actuar allá donde la incidencia era mayor mientras el Ministerio, dirigido entonces por Salvador Illa, apostaba por echar el cierre y ordenar el confinamiento perimetral de la región a instancias del Consejo Interterritorial.

Los letrados argumentaron que el Ejecutivo de Sánchez carecía de capacidad para imponer el acuerdo de este órgano porque es una institución exclusivamente dedicada a la "coordinación" y porque, según el estado de alarma vigente en ese momento, las "autoridades delegadas" que debían tomar las decisiones sobre las medidas que se ofrecen en ese decreto (entre ellas, los cierres autonómicos) eran exclusivamente las comunidades.

Durante la pandemia, el Gobierno de Ayuso también recurrió ante la Audiencia Nacional la orden del 4 de junio de 2020, sobre las restricciones en la hostelería y el ocio nocturno impuestas por el Ejecutivo central, uno de los principales campos de batalla durante lo peor de la crisis sanitaria y eje de la campaña de la dirigente madrileña en las elecciones del 4-M. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó poco después la suspensión cautelarísima solicitada por el Gobierno autonómico al considerar que causaba "un daño inmediato, irreparable e insubsanable" en los negocios afectados.

Criterios "partidistas"

La primera entrega de los fondos europeos a las comunidades dentro del plan para ayudar a la recuperación tras la pandemia acabó igualmente en los tribunales. El Gobierno de Ayuso denunció ante el Supremo que el reparto fue "arbitrario" por qué se habían elegido a cuatro regiones -País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura- por el procedimiento de concesión directa, supuestamente saltándose los métodos establecidos para favorecer a comunidades en cuyos gobiernos participa el PSOE frente a otras. Según justificó el Gobierno de Ayuso esa distribución se hizo aplicando "criterios sectarios y partidistas". El proceso sigue abierto.

La conocida como 'ley Celaá' ha sido otro de los caballos de batalla en el continuo choque entre Sol y Moncloa. El Gobierno madrileño recurrió el pasado junio ante el Supremo el currículo académico de Bachillerato solicitando su suspensión cautelar por "la falta de contenidos" del mismo y su "elevada carga ideológica". Ayuso aseguró que usaría "todas las herramientas del estado de derecho" para tratar de frenar la "doctrina" incluida en el currículo de Bachillerato, y no descartó acudir al Constitucional si se demostraba que se invadían las competencias autonómicas.

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