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La DGA reforzará el plan de ahorro de energía que ha recortado la factura un 30% desde 2015
La temperatura, que oscila entre 26 y 21 grados, se ajustará a 27 y 19, instalará placas solares e impulsará planes de eficiencia en los polígonos. La Administración regional, que ha invertido 128 millones en rebajar el gasto, fomentará el teletrabajo y deberá apagar la iluminación exterior por la noche.
El Gobierno de Aragón adaptará la temperatura de los edificios públicos, que en la actualidad oscila entre los 26 grados en verano y los 21 en invierno, a los 27 y 19, respectivamente, que figuran en el plan de ahorro energético que se aprobó ayer en el Consejo de Ministros. No implicará una gran diferencia respecto a la situación actual, pues ya figuraba en la medidas especiales que ha impulsado la Administración autonómica desde 2015, y que han permitido rebajar la tarifa energética un 30%. Sí deberá incorporar paneles electrónicos que muestren que la temperatura se ajusta a la demandada. El Gobierno central recomienda fomentar el teletrabajo, condición a la que se acogieron ya más de 335 empleados públicos en la Comunidad, y permitirá que se agilice la adjudicación de contratos que contribuyan a mejorar la eficiencia energética.
El Gobierno de Aragón lleva varios años aplicando medidas de ahorro energético. Entre las actuaciones aplicadas figuran una reducción de los horarios para cerrar antes las instalaciones en verano y la sustitución de grifos y de luminarias por dispositivos más eficientes. A partir de ahora se permitirá adjudicar los contratos para mejorar la eficiencia por la vía de urgencia.
También se podrá utilizar esta vía rápida para adjudicar instalaciones de autoconsumo. La modificación de la Ley de contratos que aprobó el Consejo de Ministros beneficiará con ello al Gobierno de Aragón, que está inmerso en un plan de implantación progresiva de placas solares a través del programa europeo de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (Irep).
Este primer paquete de medidas de ahorro energético obligará a apagar la iluminación de los edificios públicos sin uso y las luces de los escaparates del comercio hasta el 1 de noviembre de 2023. No afectará, según sugirió la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a las luces de Navidad. Al menos por ahora.
No concretó si los incumplimientos acarrearán sanciones. La vicepresidenta tercera del Gobierno recordó que se pide un esfuerzo sin precedentes ante unas medidas de racionamiento que no se planteaban en el centro y norte de Europa desde la II Guerra Mundial. Todo, para rebajar el consumo de gas un 7%. La Administración, defendió, debe hacer un esfuerzo en solidaridad con los actores privados.
Figura la DGA entre las administraciones que mejor están salvando la situación. Con el acuerdo marco de homologación de la electricidad que aprobó en 2019, los precios actuales se aprobaron en septiembre de 2021 y se mantendrán invariables hasta enero de 2023.
![REDUCCION DE FRECUENCIAS EN LOS TRENES REGIONALES DE ZARAGOZA A LLEIDA / 17-03-2021 / FOTOS: FRANCISCO JIMENEZ[[[FOTOGRAFOS]]]](https://imagenes.heraldo.es/files/image_320_180/uploads/imagenes/2021/03/17/reduccion-de-frecuenc-37369215.jpeg)
Eficiencia energética
Más de 128 millones se han destinado a rebajar el consumo eléctrico desde las consejerías de Industria y Vivienda. La mayor cuantía, 110 millones, corresponde al departamento que dirige Arturo Aliaga, y se ha dedicado a poner en marcha, a través de ayudas europeas, medidas de ahorro en edificios ya existentes, en empresas industriales y explotaciones agropecuarias, a impulsar instalaciones de autoconsumo y de energías renovables y a financiar el bono social térmico a 30.000 hogares aragoneses.
En el caso de la Consejería de Vertebración del Territorio, los 18 millones de euros han ido destinados a mejorar la eficiencia energética en viviendas unifamiliares, ventanas y aislamientos.
En cumplimiento de la estrategia aragonesa de cambio climático, el Ejecutivo autonómico pretende avanzar en la implantación progresiva de la reducción de emisiones difusas en el sector agropecuario. El objetivo es rebajarlas un 40% antes de 2030, y para ello se impulsará el uso de fertilizantes orgánicos, se crearán comunidades energéticas y se fomentará la movilidad sostenible. También se impulsan planes de mejora de eficiencia energética en grandes instalaciones como los polígonos industriales.
Para rebajar costes, el Gobierno de Aragón empezó a aplicar a inicios de la legislatura anterior un cierre adelantado de las dependencias de la Administración en verano, del 1 de julio al 15 de septiembre. Desde entonces, lunes, martes y jueves se trabaja de 7.30 a 17.30; los miércoles, de 7.30 a las 18.30 y los viernes, de 7.30 a 16.00. En Zaragoza capital, este horario se aplica en el edificio Pignatelli, el de San Pedro Nolasco, la Plaza de los Sitios, la calle Costa y en las oficinas delegadas de Calatayud y Ejea de los Caballeros. En Huesca, en el de la plaza Cervantes y Ricardo del Arco y las oficinas delegadas de Barbastro, Jaca y Fraga. También afecta, en Teruel, a las sedes en San Francisco y San Vicente de Paúl y a las oficinas de Alcañiz y Calamocha.
El cierre anticipado supone un considerable ahorro en luz y refrigeración respecto al invierno, cuando se mantienen abiertas hasta las 19.00 o las 19.30. No se aplica la reducción de verano en los gabinetes del presidente y de los altos cargos, en los cursos del Instituto Aragonés de la Administración Pública y en los actos de carácter protocolario e institucional que ya estén programados.
Ampliación del teletrabajo
Ribera también aboga por que se fomente el teletrabajo para rebajar el consumo energético en la Administración y para reducir los desplazamientos. Y es un parámetro que también se aplica ya en el Gobierno de Aragón.
Unos 335 empleados públicos ya han acordado con la DGA trabajar cuatro días a la semana desde casa y uno en la oficina, acogiéndose a la orden que pactaron el Ejecutivo autonómico y los sindicatos hace un año. En total, más de 480 funcionarios han solicitado trabajar a distancia, lo que representa un 4% de la plantilla de Administración General (12.000). Aunque no hay un perfil claro de los solicitantes, sí coincide que se trata de funcionarios que tienen dificultades de movilidad.
Los que solicitan teletrabajar tienen que firmar un compromiso individual con su responsable directo y se someten a un seguimiento personalizado. El permiso se revisa cada seis meses y es prorrogable. Los gastos que genere esta fórmula no presencial se compensan con 12 euros al mes.
