La Audiencia Nacional amplía otros dos años la prisión provisional para la etarra procesada por el asesinato de Manuel Giménez Abad

Apunta al riesgo "muy alto" de fuga y la cercanía del juicio.

Una prisión, en una imagen de archivo.
Una prisión, en una imagen de archivo.
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La Audiencia Nacional (AN) ha acordado extender otros dos años, hasta el máximo legal de cuatro, la prisión provisional para la etarra Miren Itxaso Zaldua, pendiente de juicio como presunta autora del asesinato del expresidente del PP en Aragón Manuel Giménez Abad.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal de la AN decide ampliar la estancia en prisión de Zaldua, como habían pedido la Fiscalía y las acusaciones, ante el "muy alto" riesgo de fuga y la proximidad del juicio, de momento sin fecha.

Fue en julio de 2020 cuando el juez Santiago Pedraz, entonces al mando del Juzgado Central de Instrucción Número 1, ordenó esa medida cautelar, a la par que la procesó por el asesinato a tiros de Giménez Abad, ocurrido en 2001 y por el que también está procesado otro terrorista de ETA, Mikel Carrera Sarobe, alias 'Ata'. Hasta entonces, Zaldua estaba en libertad desde hacía tres años -tras cumplir 12 en Francia- y fue detenida en Hernani (Guipúzcoa).

Para la Audiencia Nacional existen indicios de criminalidad respecto a la presunta participación de Zaldua en el asesinato, como, según el auto, documentos encontrados en Francia en el registro a la casa de un etarra, un fichero informático sobre el otro procesado con instrucciones para atentar en Aragón o que fuera identificada a través de una fotográfica por un testigo protegido.

La Sala de lo Penal señala que la investigación de los hechos ha tenido una "complicada tramitación", si bien ve "previsible" que el juicio oral "no se dilate más allá de pocos meses", por lo que conviene "asegurar la presencia de la procesada", más si cabe ante "la gravedad de la expectativa penal que se cierne" sobre ella.

Zaldua alegó que tiene arraigo familiar y social en España, donde viven sus padres y un hijo menor de edad, pero la AN cree que estas circunstancias "por sí solas no eliminan el alto riesgo de fuga". 

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