Siete horas de cumbre y una declaración tan unánime como de mínimos que proyecta una infrecuente "unidad" de los líderes territoriales con el Gobierno para afrontar la compleja y retadora gestión de las consecuencias humanitarias y económicas de la guerra de Ucrania. Pero sin concreción ni en cómo se coordinarán el Estado y las comunidades para encarar la acogida solidaria de los refugiados ni sobre cómo abaratar la factura de los costes energéticos que ahoga ya a empresas y familias.

Este es el resultado a medio camino entre lo positivo y lo no tanto que arrojó ayer la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma y que se cerró con la denominada ‘Declaración de La Palma’: dos folios consensuados por el Ejecutivo de Sánchez y todos los dirigentes autonómicos que explicita la determinación de encarar de forma compartida la reacción ante una crisis sobrevenida de proporciones mayúsculas. Pero sin que esto haya redundado por el momento en iniciativas tasadas e inmediatas, más allá de la hoja de ruta que sugiere la alianza de país. Y con la escenificación por parte de los barones del PP de sus discrepancias con el modo de actuar del Gobierno, con distinta tonalidad desde la voz preeminente ayer de Alberto Núñez Feijóo en su estreno como futuro líder de los populares a la siempre más beligerante Isabel Díaz Ayuso.

Conferencia de Presidentes en La Palma

La cumbre llegaba marcada por la excepcionalidad del momento geopolítico, de impacto fulgurante tras dos años de una pandemia que aún no se ha superado, y por el primer encuentro del presidente del Ejecutivo y de Alberto Núñez Feijóo desde que el líder de la Xunta de Galicia haya sido ungido como el relevo de Pablo Casado tras el cisma interno en la formación conservadora. Sánchez y Feijóo hicieron un aparte en el encuentro, lo que certifica la apertura del tiempo con otra interlocución entre el presidente y el jefe de filas de la oposición. Y el cambio de tono también se dejó percibir en las valoraciones posteriores del barón gallego, más allá de que evidenciara lo que le distancia de Sánchez en la administración del desafío bélico. Un desafío que el mandatario socialista, según quiso dejar claro en la reunión, va para "largo" y, lo que es peor, corre el riesgo de poder "cronificarse" en su devastador impacto. Sánchez hizo valer también su criterio sobre los fondos europeos, tras las reiteradas denuncias de Casado y su equipo.

La ‘Declaración de La Palma’ aúna posiciones en una condena inequívoca de "la agresión militar ilegal, no provocada e injustificada" de Rusia contra Ucrania, repulsa que los firmantes extienden a Bielorrusia, al tiempo que expresa su "respaldo" y su admiración por el pueblo ucraniano, "referente en defensa de los valores democráticos"; lo que se traduce en que el PP avala a Sánchez en sus gestiones en la UE y en la OTAN. Es de este rechazo común y contundente a la intervención de las tropas de Vladímir Putin, contra el que el Gobierno abrirá una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad, de la que parte la posición unitaria para hacer frente a los daños que la contienda está infligiendo ya a la realidad económica de la ciudadanía española.

Distinto entusiasmo

Una unidad que fue subrayada por la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, porque "España es hoy más fuerte" a raíz del consenso alcanzado y compartida por el grueso de los asistentes, con mayor o menor entusiasmo y con la crítica más acerada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, protagonista de la polémica del día al reclamar que 20.000 millones del presupuesto del Ministerio de Igualdad se dediquen a "ayudar" a las familias en su "peor momento" por la escalada de la inflación.

Las autonomías se dotan del compromiso del Gobierno de que dispondrán de financiación añadida -por cuantificar- para prestar cobertura a los refugiados ucranianos y de que se activarán reuniones a partir de esta semana, con las vicepresidentas Calviño y Ribera al frente, para ‘el plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra’. Pero la cumbre evidenció las diferencias de criterio en un asunto convertido en nuclear: cómo aminorar el precio cada vez más insostenible que pagan empresas y ciudadanos por la luz, el gas y los carburantes. En la declaración pactada, el Gobierno se abre a "intensificar" las rebajas fiscales ya aplicadas y que suponen un coste para las arcas públicas de 12.000 millones, como recalcó Rodríguez, quien invitó a "no frivolizar" con propuestas que repercutirían en los ingresos con que se cubren los servicios públicos.

El objetivo del Ejecutivo es aguardar al resultado que ofrezca el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo, donde España confía en arrancar de sus socios lo que no ha logrado hasta ahora y lo que motiva la gira comunitaria que protagonizará Sánchez los próximos días: "desacoplar" el gas del precio de la electricidad, una medida que, según recalca el Gobierno, tendrá un efecto inmediato para templar una inflación desbocada. Los barones del PP creen que la declaración es del todo "insuficiente" en este terreno.

"Los ciudadanos no van a entender que se les suba la calefacción y no se les bajen los impuestos", sentenció el presidente de la Xunta, mientras el líder andaluz, Juanma Moreno, censuraba "la opacidad" del Gobierno. Los populares llegaban a La Palma con propuestas no miméticas -Ayuso y Mañueco quieren un IVA superreducido para electricidad, luz y carburantes-, pero sí coincidentes en aplicar ya rebajas tributarias en ese ámbito, ayudas urgentes a los sectores afectados y algo más: que el Ejecutivo no solo aparque, como ha hecho, su anunciada reforma fiscal, sino que la transforme no para aumentar la presión tributaria sino para aligerarla y con carácter general.