Una revuelta anti-Marlaska 

Fernando Grande-Marlaska se enfrenta a la mayor rebelión policial de la democracia. El malestar y las movilizaciones que se avecinan superan ya con creces las que tuvieron lugar en 2007 y 2008, con Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del Ministerio del Interior, cuando miles de policías y guardias civiles tomaron las calles, en algunos casos vestidos de uniforme y desafiando las amenazas de expedientes, para demandar mejoras económicas y en sus derechos laborables.

La principal diferencia entre lo ocurrido entonces y el ambiente que reina estos días es la propia figura del ministro del Interior y sus formas. Mientras que hace casi 15 años los funcionarios, a pesar de su beligerancia, nunca llegaron a romper del todo puentes con Rubalcaba (quien acabó reconduciendo la situación sin hacer apenas cesiones por la crisis económica de 2008), ahora es precisamente la persona en sí de Fernando Grande-Marlaska la que encarna el enfrentamiento.

Sus maneras de 'ordeno y mando' en la institución, sus ceses fulminantes de destacados miembros de las fuerzas de seguridad, sus ausencias en momentos claves, los acercamientos de ETA o su precipitación a la hora de señalar a culpables ignorando las advertencias de sus subordinados han creado un caldo de cultivo ideal durante los últimos tres años y medio para la tormenta perfecta que parece venirse encima de manera inexorable.

Una borrasca sin precedentes que tiene como último detonante la reforma de la 'ley mordaza' y el incumplimiento de equiparación salarial, aunque, como reconocen todos los implicados de forma machacona, los nubarrones "vienen muy de lejos".

Detrás de la tempestad que se fragua en el horizonte hay una ensalada de siglas (algunas históricas y otras apenas recién llegadas) nunca antes vistas entre las fuerzas de seguridad. Más de una treintena de organizaciones, colectivos, sindicatos y plataformas de uniformados se han unido ya a las dos grandes protestas ya agendadas: las concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del miércoles 24 de noviembre y la gran manifestación del próximo sábado en Madrid, en la que los convocantes esperan acercarse a los 100.000 uniformados. Un objetivo que creen al alcance porque todavía hay varias plataformas de policías locales y municipales que dudan en sumarse a las protestas.

La indignación común en contra de las políticas y las formas de Grande-Marlaska ha conseguido, incluso, lo impensable hace solo unos días: la unidad de acción entre las asociaciones de policías que llevaban enfrentadas desde que en 2017 la plataforma Jusapol (acrónimo de justicia salarial policial) hiciera saltar por los aires el tablero del juego sindical que había imperado durante décadas, barriendo en las elecciones del CNP y la Guardia Civil.

Un gesto -"o más bien un no gesto"- de Marlaska ha sido el detonante para que los enemigos sindicales hayan acabado firmando la paz. El ministro ni siquiera llamó a los representantes de los agentes para escucharles antes de que PSOE y Unidas Podemos pactaran los puntos clave de la reforma de la 'ley mordaza' que afectan de lleno a la vida y al trabajo de los funcionarios.

Meros espectadores

La práctica totalidad de los colectivos policiales están dolidos por haber sido relegados por Interior a meros espectadores del pacto entre los partidos del Gobierno a la hora de eliminar la prohibición de difundir las imágenes de los agentes o a la hora de obligar a devolver al detenido al lugar donde se produjo su arresto, convirtiendo a los funcionarios en una suerte de "taxistas". Nadie les ha preguntado para acabar de un plumazo con la presunción de veracidad del atestado policial si los hechos consignados no resultan coherentes. Nadie ha pedido el parecer de los especialistas en seguridad para permitir manifestaciones sin previa autorización con el consiguiente riesgo para los funcionarios forzados a participar en despliegues improvisados.

Molesta, por supuesto, el fondo de la reforma, pero también las formas que el ministro y su equipo han empleado con los representantes policiales, a los que solo han convocado a posteriori para tratar, sin éxito, de apagar el incendio provocado por el acuerdo entre socialistas y Unidas Podemos.

Las formas del titular de Interior y sus colaboradores -insisten varios de los responsables de las organizaciones convocantes- tampoco han sido las mejores en el otro tema que levanta ampollas entre policías y los guardias civiles. Solo un día después de que el Supremo exigiera el pasado 4 de noviembre explicaciones a Marlaska por incumplir el acuerdo de 2018 para la equiparación salarial de los cuerpo estatales con los autonómicos, Interior y Generalitat acordaron ampliar el techo de la plantilla de los Mossos d'Esquadra hasta los 22.006 agentes, lo que supone 3.739 más que el máximo de 18.267 que se mantenía desde que en 2006. Ese mismo día en el que el Ejecutivo central daba luz verde a un desembolso futuro millonario para los funcionarios autonómicos, Marlaska, desde Barcelona, dijo que lo de la equiparación era un asunto "complejo".

El ministro quizás no se daba cuenta de que ese día -y con esas palabras precisamente en ese foro (la Junta de Seguridad de Cataluña)- estaba llevando al máximo el agravio comparativo al enterrar de un plumazo la posibilidad de la equiparación entre los policías y guardias civiles que entre 2017 se "dejaron la piel" en Cataluña para frenar la intentona secesionista y los agentes autonómicos que "no movieron un dedo" para impedir el 1-O.