Tensión entre el juez del Gali y la exministra González Laya
El magistrado se interesó por saber quién había realizado la petición desde Argelia y quiénes en el Gobierno estaban al tanto del caso y la política se acogió al secreto oficial para no responder.
La exministra Arancha González Laya avisó antes de que empezara su declaración en la Sala 10 de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza de que quería trasmitir la "máxima trasparencia y precisión", pero tenía "la obligación de la reserva" que le impone la ley de Secretos Oficiales, aprobada en 1968 por la dictadura y renovada en 2010 en Consejo de Ministros. "Me acogeré al deber de reserva cuando yo entienda que su vulneración me pondría en una situación complicada", agregó la exministra. A lo que el magistrado le contesta que su obligación es "buscar el principio de la legalidad" e incidirle en cuantas cuestiones considere importantes como conocer cómo se produjo la entrada de Gali y si lo hizo con control.
Pronto se generó esa tensión. Concretamente a los diez minutos cuando el juez Rafael Lasala le preguntó a la política investigada si ella comunicó a alguien de su Gobierno que se iba a acoger a Gali o solo lo decidió por Exteriores. Laya se negó a decirle quien intervino en esa decisión. "Lamento reiterar la necesidad de guardar la reserva y no exponer cómo España toma sus decisiones políticas en el ejercicio de su soberanía. Sería desnudar una parte muy seria de nuestra política", recalcó la exministra.
Esta negativa la repitió poco después cuando el juez le preguntó a quien comunicó del Gobierno la petición que le había hecho Argelia el 14 de abril, cuatro días antes de la llegada a España del líder saharaui. "La manera de España de adoptar estas decisiones políticas es una cuestión que afecta a nuestra seguridad, nuestra defensa y la gestión de relaciones exteriores". La tensión surgió de nuevo cuando uno de los acusadores, Juan Carlos Navarro, le hizo una pregunta a través del juez sobre cómo entró el hijo de Gali en Zaragoza sin mostrar documento alguno. La exministra no respondió a esta cuestión, aunque explicó que una tercera persona (un médico) quiso acompañar a Gali a Logroño, pero ella se negó porque el permiso era solo para el líder saharaui y su hijo.
Críticas de la acusación sobre la declaración de la exministra
El abogado de la acción popular, Antonio Urdiales, cuestionó este viernes en un escrito remitido al juez Lasala todo lo declarado por la exministra y su jefe de gabinete (Camilo Villarino) y dijo que es "una auténtica farsa" y que el argumento "humanitario" "no puede servir de base para enfrentarse a los delitos de prevaricación y encubrimiento".
Urdiales recordó que la exministra declaró que Brahim Gali viajó con su hijo provisto de un pasaporte diplomático y el segundo, de un permiso de residencia. Pero luego se confirmó que el líder del Frente Polisario entró en el hospital de Logroño bajo la identidad de Mohamed Benbatouche y un documento con unos "datos demográficos" de la Policía en el que se califica de "desconocida" su nacionalidad. "¿Por qué llegó a Logroño un pasaporte argelino falso a nombre de Mohamed Benbatouche expedido el 18 de abril de 2021 en Argel, el mismo día que ingresa Gali en el hospital San Pedro de Logroño?", pregunta en su escrito. Asimismo, califica de "encubrimientos" las declaraciones prestadas hasta ahora sobre la llegada a la Base de Zaragoza.
